Diputada acusa a exjerarcas públicos de crear pérdidas al IVM

Legisladora del PAC calcula en ¢359.000 millones daño a pensiones

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La diputada y jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña, interpuso ayer una denuncia ante el Ministerio Público en la que responsabiliza a exjerarcas y expresidentes de la República por un “incumplimiento de deberes” que le habría costado a las pensiones del IVM unos ¢359.000 millones.

La legisladora señala a ministros de Trabajo y presidentes ejecutivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de los últimos tres gobiernos, incluido el actual de la mandataria Laura Chinchilla.

La base de la denuncia señala que en ninguna de esas Administraciones se hizo valer el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, promulgada en el año 2000.

Ese apartado obliga a las empresas públicas a transferir “hasta el 15%” de sus utilidades a la Caja para engrosar los beneficios del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Los ¢359.000 millones fueron calculados con base en las ganancias reportadas en los últimos 12 años por entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Algunos nombres que menciona la acción legal son los de los expresidentes ejecutivos de la Caja Eliseo Vargas y Eduardo Doryan, el exministro de Trabajo Francisco Morales, y los expresidentes Abel Pacheco y Óscar Arias.

“Lo que queremos es que el Ministerio Público verifique si hubo incumplimiento de deberes” de parte de algún exservidor público, porque ese dinero (¢359.000 millones) era para universalizar aún más las pensiones del IVM”, dijo la legisladora.

Variación. De acuerdo con la diputada, la no transferencia de fondos se debió a falta de “voluntad política”.

Agregó que fue a raíz de un fallo de la Sala IV que la actual mandataria, Laura Chinchilla, firmó un decreto para que las entidades den parte de sus utilidades a la Caja de manera paulatina.

De hecho, esa medida comenzará a regir en el 2013, cuando las empresas estatales tendrán que dar el 5% de las ganancias que les deje este año. Para el 2014, la cifra subirá a un 7% hasta llegar al 15% en el 2017.