Costa Rica carece de una estrategia de seguimiento y evaluación de las empresas que ejecutan las obras viales.
La falta de supervisión genera fallas en las carreteras construidas y el atraso lo pagan los bolsillo de la ciudadanía.
El señalamiento lo hizo la Academia de Centroamérica en el informe La gestión de la infraestructura pública en Costa Rica: el caso de la red vial nacional (2014) , donde revela la ausencia de fiscalización por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“El ente público responsable no siempre pide la debida rendición de cuentas a las empresas constructoras. Por ejemplo, los atrasos incurridos en las obras. Esto se vincula a la falta de estrategias de planificación”, dijo el investigador Carlos Umaña.
El 4 de agosto de este año, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció una propuesta para unificar el Consejo Nacional de Vialidad y el Consejo Nacional de Concesiones para crear el Instituto Nacional de Infraestructura.
La Academia de Centroamérica advierte, sin embargo, de que si no existe una correcta fiscalización del trabajo del proveedor contratado y, por tanto, es difícil enmendar los errores cometidos durante los últimos años.
“La creación de un nuevo instituto no vendrá a solucionar los problemas actuales. Sin una adecuada planificación en las unidades ejecutoras, es complejo hacer el cambio. Se necesita personal capacitado en administración de proyectos”, agregó Umaña.
Al cierre de la edición, el director del Conavi, Mauricio Salom, no respondió a las consultas que se plantearon, por escrito, a la oficina de prensa de la institución.
Errores. El documento concluye que los atrasos responden a “la falta de una línea de autoridad” para definir prioridades en la infraestructura vial del país.
Para Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica, la falta de recursos económicos y la ausencia de una adecuada gestión institucional son las mayores limitaciones para desarrollar una red vial moderna.
El informe anota que el 65 % de las carreteras están clasificadas como deficientes o muy deficientes, de acuerdo con los estándares internacionales.
Durante el primer semestre del 2014, el país contrató alrededor de $700 millones con varios organismos financieros multilaterales para la ejecución de obras públicas.
El porcentaje de desembolsos para la ejecución de esos proyectos va desde un 6% hasta un 50%, en el mejor de los casos.