La Contraloría General de la República (CGR) criticó, una vez más, la ausencia de estudios técnicos que permitan tomar decisiones basadas en datos y evidencias, en proyectos de ley presentados e impulsados por congresistas.

En esta última ocasión, el órgano contralor se refirió al expediente 22.412 “Autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, presentado por 10 diputados de diferentes fracciones.

La iniciativa pretende facultar a los gobiernos locales a condonar, total o parcialmente, los intereses y las multas a los contribuyentes que cancelen el monto principal o firmen convenios de pago, por deudas municipales comprendidas entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo del 2021.

La condonación de intereses y multas se aplicaría a deudas por impuestos, tasas, licencias, servicios, impuesto de bienes inmuebles y “demás obligaciones de carácter municipal”, según el plan, el cual no detalla por cuánto tiempo se abriría esa posibilidad.

Asimismo, el proyecto de ley permitiría a los ayuntamientos, previo acuerdo de los concejos municipales, a recalcular las tarifas de las licencias o patentes para la comercialización de bebidas alcohólicas a solicitud de los mismos comerciantes, en las siguientes eventualidades:

• Cuando se suspenda la actividad comercial por un periodo mayor a 20 días consecutivos o 30 días discontinuos en un mismo trimestre.
• Cuando se ordene el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 días consecutivos o 60 discontinuos en un mismo trimestre.
• Cuando se demuestre que producto de una orden sanitaria, disminución del aforo o de la emergencia nacional, los comerciantes sufran pérdida del 50% de los ingresos en un mismo trimestre.

Pese a que la Contraloría reconoció la necesidad de tomar medidas para hacerle frente a la crisis originada por la pandemia, también señaló la necesidad de basarse en estudios que determinen el impacto que sufrirían los gobiernos locales y los servicios que ofrecen al reducir sus ingresos.

“Se considera conveniente advertir nuevamente a los legisladores, de que el proyecto de ley necesita no solo corregir y aclarar los aspectos señalados en el presente documento, sino que también se considere la posible afectación que una condonación como la propuesta, puede generar a los ingresos municipales, ya que es necesario basarse en elementos mínimos de discusión como datos, estimaciones e impactos financieros, que coadyuve en la toma de decisiones.

“Información básica que puede ser útil, incluso, para proponer medidas alternas a la condonación de deudas, lo cual, en última instancia, no soluciona el problema de fondo que se pretende tratar, que es la incapacidad de pago de algunos contribuyentes”, advirtió.

El órgano contralor también reiteró su posición sobre las políticas para condonar deudas a instituciones públicas. Según el ente, este tipo de políticas podrían propiciar moras en otros contribuyentes.

“Al igual que lo ha hecho en otras ocasiones, es preciso que la Contraloría reitere que la aprobación de iniciativas tendientes a autorizar a una institución pública a condonar deudas, implica un riesgo, pues son decisiones que pueden generar que los deudores, motivados en la medida, incumplan sus obligaciones”, señala el documento enviado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa fue presentada por los diputados Pablo Heriberto Abarca, Óscar Cascante y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como por Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN).

También lo firmaron los independientes fabricistas Jonathan Prendas y Carmen Chan, así como los diputados Luis Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (PRN).

A pesar de los señalamientos de la Contraloría, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) mostró su anuencia a apoyar la iniciativa, siempre y cuando se apliquen algunos cambios al texto original.

Entre las modificaciones solicitadas se encuentran establecer el requisito de los estudios técnicos en cada municipalidad, previo a la aprobación de la condonación de multas e intereses.

También recomiendan que se permita condonar esos montos más allá del plazo definido, es decir, que no únicamente abarque los adeudos entre 2019 y 2021.

“De manera que puedan hacer ese estudio técnico y potenciar el incentivo, porque si solo se condonan unos poquitos meses, quizás hasta sea mucho más difícil calcular los montos y eso genera un doble trabajo a la Administración”, afirmó Eugenia Aguirre, directora de Incidencia Política y Comunicación de ese ente.

A lo que sí se opone el ente municipal es a una reforma a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, para recalcular el cobro de las patentes, pues según Aguirre, podría ocasionar graves repercusiones en algunos municipios.

“La ley es sensible a ventas, empleos y activos. Estas variables determinan la fórmula de cuánto se cobra y en qué categoría está un negocio. Si un negocio ha visto disminuido sus ventas y la cantidad de personas que ha tenido que emplear por efectos de la pandemia, se espera que haga efecto bajo la misma fórmula que hoy existe.

“En esto hay que tener unas pinzas muy importantes, porque puede ser que una modificación a esa ley en una municipalidad sea una disminución de recursos ínfima, pero que en otras puede ser muchísimo más grave. Entonces somos muy cuidadosos sobre este tema”, afirmó Aguirre.

Práctica recurrente

En su pronunciamiento, la Contraloría reprendió a los congresistas por la falta de fundamentación de las propuestas basadas en datos o evidencias obtenidas a partir de estudios. Una práctica que se ha vuelto recurrente en el Congreso.

Así ocurrió, por ejemplo, en el plan para perdonar créditos, a ciegas, por ¢6.200 millones a personas físicas o jurídicas que tenían deudas con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SDB).

LEA MÁS: Diputados aprueban perdonar, a ciegas, deudas de agricultores

En esa discusión, la Contraloría recomendó a los diputados incluir métricas como la disminución de producción, ventas e ingresos producto de las restricciones sanitarias, entre otras, para justificar el otorgamiento de ese beneficio.

Sin embargo, el Congreso desoyó esas recomendaciones. El plan terminó convirtiéndose en Ley de la República con la firma del presidente Carlos Alvarado.

Otra de las iniciativas polémicas que no cuentan con estudios de respaldo, es la que presentó el expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, para construir un parque de diversiones en Limón, con parte de los fondos que el megapuerto de Moín transfiere para el desarrollo del Caribe.

Ese proyecto, que ni siquiera cuenta con estudios de factibilidad o de mercado, pretende absorber una parte de los recursos del canon que debe distribuirse en igualdad de condiciones entre todos los cantones de Limón.

LEA MÁS: Contraloría fustiga falta de estudios en nueva propuesta para crear parque de diversiones en Limón

Además de señalar su inconveniencia, el órgano contralor reiteró la necesidad de que todos los proyectos propuestos que demanden dineros del canon, pasen por el sistema de evaluación implementado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), para cuantificar los beneficios que ocasionarían a la provincia.