El 15 de junio de 2021, la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a un exfuncionario de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) devolver ¢15,5 millones por incluir información falsa en dos declaraciones juradas.
De acuerdo con el expediente DJ-0804, el hombre, de apellido Pacheco, aceptó, el 30 de setiembre de 2016, acogerse a un proceso de movilidad voluntaria promovido por la CNFL para reducir su planilla. Los empleados que aceptaran recibirían un incentivo de cuatro salarios, más las prestaciones laborales correspondientes.
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Bajo ese escenario, Pacheco recibió una liquidación de ¢66 millones, pues ingresó a la CNFL desde 1999 y en los últimos años se desempeñó como asesor de la Gerencia General. De esa cifra, ¢15,5 millones correspondían al incentivo de cuatro salarios.
No obstante, una condición para obtener ese estímulo era cumplir lo dispuesto en la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público, que establece una prohibición de reingresar a cargos públicos en los siguientes siete años.
Sin embargo, según la pesquisa de la CGR, entre 2018 y 2019, Pacheco firmó dos declaraciones juradas para ingresar a puestos en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) en las que indicó nunca haber recibido prestaciones laborales de parte de entidades estatales.
De acuerdo con los documentos, en setiembre de 2018, casi dos años después de haber salido de la CNFL, fue el encargado de Presupuesto en el Área Administrativa-Financiera del CNC. Luego, renunció a ese puesto en enero de 2019 y entró, en febrero de 2019, al Inder.
En esta última entidad, Pacheco llegó a ocupar, de forma interina, puestos de gerencia.
“(...) Se puede concluir que el señor Pacheco tuvo conocimiento que, una vez que fuera cesado de su puesto por haberse acogido al programa de movilidad laboral voluntario de la CNFL, debía cumplir con un plazo de 7 años antes de poder reingresar a ocupar un cargo público y que dicha obligación fue incumplida”, determinaron los abogados de la CGR que investigaron el caso.
Según la resolución de la Contraloría, la conducta de Pacheco “es grave y reprochable”. Además, señalaron que fue “omiso en acatar la prohibición” mencionada.
Ante esa situación, el órgano fiscalizador le exige a Pacheco devolver los ¢15,5 millones recibidos en 2016. Para tratar de garantizar el cobro, la Contraloría mantiene una anotación sobre una propiedad del exfuncionario. Al mismo tiempo, la representación legal de Pacheco interpuso una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar la sanción.