La contralora general de la República, Marta Acosta, teme que el grave déficit fiscal y la economía desacelerada que enfrenta Costa Rica generen un deterioro en los servicios públicos y que, con ello, desmejore la calidad de vida ciudadana.
Según dijo, ciertas “bondades” en la economía internacional (caída en los precios del petróleo, control de la inflación, tipo de cambio estable) evitan que el Gobierno ponga en riesgo los servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura, servicios municipales, etc.
“La economía presenta un cierto nivel de estabilidad dada la coyuntura internacional (...). Sin embargo, si estas condiciones cambiaran, el Gobierno se vería sometido a una altísima presión fiscal que podría poner en riesgo los servicios que brinda a la ciudadanía, así como nuestra estabilidad económica y social. Eso nos preocupa enormemente”, declaró Acosta.
En el país, los ingresos no están creciendo debido a una economía desacelerada. No obstante, el gasto primario se dispara y ese es el principal generador de la deuda en las finanzas.
En el 2014, el déficit del Sector Público Combinado alcanzó el 6,1% del producto interno bruto (PIB), mientras que el del Gobierno Central aumentó hasta un nivel crítico del 5,7% del PIB.
La jerarca de la Contraloría General de la República reveló esos datos ayer, tras presentar la Memoria anual 2014 , en la cual se dieron los resultados financieros y presupuestarios del sector público. Este año se incluyó, por primera vez, una encuesta sobre la calidad de los servicios públicos.
En detrimento. Esta no es la primera vez que Acosta advierte sobre la degradada situación fiscal del país. En octubre de 2013 pronosticó que esta sería “insostenible” para los siguientes dos gobiernos, de no mejorar la recaudación fiscal o cortar el gasto. Un año más tarde, tildó de “desequilibrado” el presupuesto del 2015.
Este año, el órgano rechazó la liquidación del presupuesto de la República presentada por el Ministerio de Hacienda, debido a anomalías y descontrol en la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación Pública y de los regímenes de pensiones.
Según dictamen de liquidación, en 2014 se incumplió, en proporciones mayores a las de los últimos 14 años, con el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Es decir, el Gobierno está financiando gasto corriente con deuda, lo que, para Acosta, es un grave problema estructural que no podrá solventarse en el corto plazo.
En criterio de la jerarca, todo recorte en los gastos estatales es positivo, en tanto se mantenga la calidad de los servicios públicos.
La Nación intentó consultar a la tesorera nacional, Martha Cubillo, sobre la situación descrita por la Contraloría, pero ayer no dio declaraciones al respecto.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, recordó, días atrás, que el Gobierno ha hecho esfuerzos para reducir el gasto, pero que el límite y la posibilidad de recorte fiscal son pequeños si no se quieren suprimir servicios. Pese a ello, aclaró, esta administración está dispuesta a discutirlo.
“ (...) El Gobierno tiene una voluntad de hacer reducción de gasto. Hacienda está trabajando en el presupuesto del 2016 y tendrá en cuenta ese tema” manifestó.