La contralora general de la República, Marta Acosta Zúniga, cuestionó al regulador general, Roberto Jiménez Gómez, por recriminarle que se hubiera reunido con directivos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) sin su presencia.
Jiménez le pidió a Acosta explicarle la validez y legalidad del encuentro, así como detallarle los temas discutidos y le recordó que él le ha solicitado reunirse con ella, pero sin éxito.
Así consta en el oficio OF-1168-RG-2020 que el regulador le envió a la contralora el pasado 2 de diciembre.
Los directivos Sonia Muñoz, Ana Lorena León y Jorge Blanco se reunieron el 19 de octubre, de forma virtual, con la contralora para recibir asesoría en materia presupuestaria y sobre sus competencias en la discusión de los lineamientos del plan de gastos de la Aresep para el 2021.
“Le agradeceré confirmar si efectivamente esa reunión se llevó a cabo, la hora, fecha y lugar, así como las personas presentes”, demanda Jiménez en su escrito, quien le aclara además que el encuentro no se derivó de un acuerdo de Junta Directiva.
Precisamente con esos directivos, el regulador tuvo un acalorado intercambio a finales de setiembre debido a un recorte que aprobaron en el presupuesto del año entrante para ahorrar ¢506 millones en asesorías, horas extra y viajes al exterior.
En aquella ocasión, el jerarca incluso acusó a estos directores de “andar peseteando”.
Acosta no solo declinó responderle, sino que incluso le recordó que la Junta Directiva de la Aresep es el superior jerárquico de Jiménez en todas las competencias que le corresponda y que no está supeditado en su accionar a la voluntad del regulador como presidente del órgano.
Así lo expresó la jerarca en el oficio 19567 de este 10 de diciembre dirigido en respuesta a Jiménez donde recalca que la rendición de cuentas es un ejercicio consustancial de la Contraloría General “y que cumple a cabalidad”.
“Lo que no es rendición de cuentas es la atención de reparos de un miembro de un órgano colegiado por las conductas con las que otros compañeros busquen encaminar su gestión a la legalidad. De frente a esto, las preguntas formuladas resultan improcedentes”, manifestó.
Indicó que es frecuente que directivos que pertenecen a distintos órganos soliciten a la Contraloría espacio para conversar sobre temas de interés institucional.
“Lo que sí es por completo excepcional, restrictivo y opuesto a la independencia es que se cuestione que algunos directivos puedan plantear de manera individual temas ante la Contraloría General, sin autorización o acuerdo previo”, aseveró Acosta.
Y agregó: “Cuestionamientos de esta naturaleza riñen con la transparencia y legalidad que precisamente usted (Jiménez) reclama con vehemencia y asegura defender”.
Por otra parte, expresó que la legalidad y validez de decisiones concretas deben analizarse según los mecanismos establecidos por el propio ordenamiento y no de manera verbal en una reunión.
Sin embargo, aclaró que esto “no impide discutir en forma general temas de interés institucional vinculados con la competencia de este órgano contralor”.
Consultado por La Nación sobre la intención y naturaleza de su pedido a la jerarca, Jiménez respondió “son preguntas formales a la señora contralora de la República, a fin de validar las expresiones de una miembro, en Junta Directiva.
“Estamos en presencia de temas de interés institucional a los que me referiré una vez que la señora contralora haya dado respuesta”, aseveró.
Enfrentamiento anterior
Esta no es la primera vez que el regulador cuestiona decisiones de la Contraloría.
En agosto pasado, la Aresep ajustó las tarifas para compra de energía eléctrica a generadores privados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tal y como se lo ordenó la Contraloría al hallar errores de la Autoridad que condujeron a un sobrepago de $24 millones a esas empresas.
La entidad contralora ordenó ese cambio desde el 2019 y pidió a Aresep ocuparse de que los generadores privados le devuelvan al ICE el dinero que se pagó sin justificación.
No obstante, la Autoridad se negó al punto de advertir a la Contraloría que el tema tarifario es de su competencia única y exclusiva y no del órgano contralor y, además, le achacó al ente contralor errores en su informe sobre las estimaciones que hizo de las tarifas.
No solo eso: el 14 de febrero anterior interpuso una solicitud de medida cautelar provisionalísima y de medida cautelar anticipada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José (TCA) contra las disposiciones del informe DFOE-AE-IF-00009-2019.
El TCA rechazó ambas gestiones ese mismo día.
Sin darse por vencida, la Autoridad consiguió que el TCA le admitiera la medida cautelar provisionalísima el 16 de marzo pasado, amparada al Decreto Ejecutivo N° 42227- MP-S el cual declaró, en esa fecha, el estado de emergencia nacional por la pandemia de la covid-19.
No obstante, el 3 de agosto, el Tribunal rechazó otra vez la solicitud de medida cautelar de la Aresep en su resolución 387-2020.
En su mensaje al regulador Jiménez, la contralora le recordó que había descartado reunirse con él porque cuando le pidió audiencia fue dentro del marco de un proceso recursivo sobre ese tema de generación y compra de energía eléctrica a empresas privadas “tan combatido por esa entidad”.