Los diputados aprobaron de forma definitiva una iniciativa de ley que compromete al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Poder Judicial a coordinar sus acciones para agilizar los procesos de adopciones de menores de edad.

Ese reto fue impuesto por legisladores luego de aprobar “un cambio de paradigma” en dichos procesos, para que prime el interés superior del niño, niña o adolescente.

Así lo explicó la presidenta ejecutiva del Patronato, Gladys Jiménez, al hacer un análisis de las implicaciones del plan aprobado por la Asamblea Legislativa, el cual contó con el respaldo de esta institución.

“Cuando se trata de resolver la situación sociolegal de una persona menor de edad puede ser que los procesos duren mucho tiempo.

”Si nosotros lo vemos desde la visión del interés superior del niño, esos procesos tienen que reducirse y tienen que adoptarse todas las opciones para coordinar de manera interinstitucional como PANI-Poder Judicial, para que se resuelva en tiempo y forma esa situación jurídica que permita que el proceso de declaratoria de abandono sea rápido y expedito para iniciar un proceso de adopción, si es lo que corresponde”, afirmó Jiménez.

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En el caso de que estén identificados los padres, el Patronato debe iniciar un proceso de análisis para ver si es posible devolverlo a su familia, o si dejarlo en la tutela de un familiar.

Sin embargo, si las condiciones no son favorables para el menor, tiene que solicitar su declaratoria de abandono. Un juez de familia debe dar el aval para ese trámite.

Una vez que se dé la declaratoria de abandono del menor, el PANI puede iniciar con el proceso de adopción, los que, en ocasiones puede tardar años y complica las opciones de que los menores encuentren una familia.

El niño primero

El interés superior del niño en los procesos de adopción también provoca un “cambio de paradigma”, según la también ministra de la Niñez y Adolescencia, pues ya no se buscarán niños con ciertas condiciones para una familia, sino un hogar que pueda satisfacer las necesidades especiales que puedan tener los niños.

“Algunas personas dicen ‘es que yo presenté mi solicitud desde hace mucho tiempo y todavía sigo esperando un niño o una niña’. Esa no es la lectura correcta.

“Lo correcto sería que en los casos que todavía están pendientes de adopción de una persona menor de edad debe considerarse si esa familia reúne las condiciones, no solo del hogar, sino las condiciones para atender a esa persona que puede tener una discapacidad, que puede tener una condición de salud especial, que puede requerir de estar con sus hermanos, que si requiere un hogar en donde pueda tener a otros hermanitos”, afirmó Jiménez.

Ese cambio retará a la institucionalidad a levantar la cifra de 115 niñas, niños y adolescentes entregados en adopción en 2019.

En 2018 fueron 123 personas menores de edad, mientras que en 2017 fueron 118. La cifra más alta fue en 2015, cuando se entregaron en adopción 154 menores que eran tutelados en el Patronato.

El proyecto de ley que contó con el respaldo de la mayoría de diputados, fue presentada por el legislador Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“La ley para incorporar el interés superior de las personas menor de edad es un cambio de paradigma en cómo se manejan los procesos de adopción en el país, que además nos había recomendado la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el Patronato, porque en la actualidad se basan principalmente en cuáles son los deseos y las necesidades de las personas que quieran adoptar y no necesariamente de la persona menor de edad”, señaló Sánchez.

Para resguardar el interés superior del niño en estos procesos los diputados aprobaron una reforma al Código de Familia.

La ley entrará en vigor una vez sea firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado.