El Tribunal Administrativo de Transporte suspendió las concesiones de 148 empresas de buses por no contemplar ni consultar el criterio de los usuarios sobre la calidad en el servicio.
La medida cautelar fue presentada por la Defensoría de los Habitantes en abril de este año y el Tribunal dispuso acoger la suspensión de todos los actos mediante los cuales el Consejo de Transporte Público aprobó la renovación por siete años de las concesiones y permisos de empresas de buses en todo el país, las cuales aún están pendientes de firma.
"Cómo es posible que el CTP decida renovar las concesiones a las empresas sin conocimiento de lo que viven a diario los pasajeros en la prestación del servicio. Tienen las formas de consulta pero su aplicación no la hace o es tardía", dijo esta tarde la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
La medida cautelar suspende la acción para otorgar las concesiones hasta que se resuelva el fondo del asunto. En la Defensoría indicaron que irán por la anulación completa de los permisos hasta que se incorpore el criterio de los usuarios.
Según esa instancia "el CTP omitió de manera intencionada un instrumento que garantizara la participación de las y los usuarios en el procedimiento que finalmente culminó con esta cuestionada renovación de las concesiones y permisos, pese a que incluso existe el reglamento que operativiza a las y los usuarios la forma en que puede realizarse esa participación".
El Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio de Transporte Remunerado de Personas establece que todas las empresas prestadoras del servicio deben someterse a una evaluación anuala lo largo de todo el período de vigencia de una concesión o permiso (que es de siete años) precisamente para que la Administración cuente con elementos amplios y objetivos sobre su calidad, eficiencia y regularidad.
Además, dispone expresamente que el otorgamiento de la calificación global que deba aplicarse a cada uno de los concesionarios o permisionarios se obtiene de una serie de factores, entre ellos, una encuesta aplicada a los usuarios del servicio.
En la resolución del Tribunal Administrativo de Transporte se indicó que la medida fue acogida en razón de que "se encuentra en riesgo el deber del Estado de garantizar a la actual sociedad costarricense un sistema del servicio público de transporte eficiente y eficaz que el usuario requiere".
El CTP aprobó en mayo la renovación de 148 concesiones que vencían en setiembre, pese a que no se contaban con los estudios técnicos que establece la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, aseguró por su parte, que serían respetuosos de la resolución del Tribunal.