Anoche, a pocas horas de que venciera el plazo para que Costa Rica tuviera reactivada la fecundación in vitro –algo que a la postre no logró–, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar tres meses más al país para ese fin.
El nuevo plazo se añade a otro de tres meses otorgado el año pasado.
La fecha máxima para que el Estado tenga en vigencia la fecundación in vitro (FIV) es el 31 de mayo, según consta en una carta oficial que la CIDH envió al canciller René Castro y de la cual La Nación tiene copia.
Según ese escrito, “el objeto de la prórroga concedida es que el Estado cuente con un plazo adicional para cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe N.º 85/10, y avance en la implementación de las medidas adoptadas para reparar las consecuencias de las violaciones de los derechos establecidas en dicho Informe”.
Este último documento, calificado por la Comisión como confidencial, reprende a Costa Rica por considerar que “violó derechos humanos fundamentales” cuando la Sala IV prohibió, en el año 2000, la práctica de aquella técnica de reproducción humana asistida.
Consideraciones. La carta de la CIDH señala que en los próximos tres meses “queda suspendido el término establecido en el artículo 51.1 de la Convención Americana para elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
No obstante, aunque la fecha límite del plazo es el 31 de mayo, “la Comisión solicita al ilustre Estado de Costa Rica que el 10 de mayo de 2011 informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones”.
Contraste. Mientras unos celebraron el nuevo plazo para revivir la FIV, otros critican la actuación de la Comisión Interamericana.
El diputado Óscar Alfaro, presidente de la comisión legislativa que analiza el proyecto de ley 17.900 sobre FIV, dijo sentirse alegre de que “la Comisión haya entendido el esfuerzo de Costa Rica para avanzar en el tema”.
El criterio de Alfaro se da un día después de haber afirmado que una ley sobre FIV “llevará años tramitándose”. Una opinión opuesta dio Gerardo Trejos, abogado que representa a las 10 parejas que demandaron a Costa Rica ante la Comisión en el año 2001.
“De un órgano tan corrupto y desprotector como la CIDH cualquier cosa puede suceder (...); tres meses no son suficientes (para tener lista la ley), porque ni en tres años se aprobará nada”, criticó el abogado.
El proyecto 17.900 deberá ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y luego votado por el plenario.
Hasta el momento, la comisión del Congreso solo ha realizado una de las 16 audiencias que programó desde diciembre pasado.