La amnistía de la inspección técnica vehicular finaliza este lunes para miles de vehículos cuyas placas terminan en 1, 2 y 3; sin embargo, los usuarios de los cantones más alejados tienen que viajar cientos de kilómetros porque las estaciones móviles que operaban en las zonas norte, zona sur y Pacífico central no han sido habilitadas.
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La empresa alemana Dekra anunció en diciembre, luego de poner en funcionamiento la última de las sedes fijas que las tres estaciones móviles se encontraban en mantenimiento y serían habilitadas en zona de Los Santos, Parrita, zona norte (La Fortuna, Guatuso, Upala, Santa Rosa Pocosol) y zona sur donde se movilizaría entre Ciudad Neily, San Vito, Palmar Norte.
No obstante, ni la empresa ni el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) han indicado la fecha en que se dispondrá del servicio en esas regiones.
Cabe destacar que el anterior operador, Riteve, contaba con cuatro móviles, siendo esta última la que funcionaba en Siquirres y Turrialba, no obstante el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador indicó meses atrás que la misma no se encontraba en condiciones óptimas.
Pese a ello, el Cosevi anunció en diciembre que la prórroga se daba por terminada este 9 de enero para el primer grupo de vehículos, considerando que se cumple un mes de la puesta en operación de la última de las sedes fijas que faltaba por abrir, la cual se ubica en Puntarenas.
El decreto publicado en octubre anterior sobre la amnistía, establece en el artículo 3, lo siguiente: “Se prorroga la vigencia de las inspecciones técnicas vehiculares cuyas vigencias originales correspondían a lo meses de enero a octubre de 2022, según la siguiente tabla, tomando como punto de partida para la reanudación del servicio la reapertura de la totalidad de las estaciones”; sin especificar que esto aplica exclusivamente para las 13 sedes fijas.
Además, en el contrato suscrito con la compañía también se detalla que la empresa debía poner en funcionamiento las 13 sedes y tres móviles.
La Nación consultó este domingo a la directora del Cosevi, Cindy Coto sobre la situación de los usuarios de zonas alejadas y las razones por las que se suspende la amnistía, a pesar de que esas personas no tienen una sede cercana para cumplir el requisito, pero no se obtuvo respuesta.
Mientras tanto, en redes sociales de la empresa, usuarios manifiestan el descontento pues, por ejemplo, según citan en algunos de los comentarios, deben viajar hasta 400 km de ida y vuelta para acudir a la estación más cercana, esto en el caso de los vecinos de Corredores y Coto Brus, que ahora tienen que acudir hasta Pérez Zeledón.
Lo mismo ocurre en el Pacífico central, pues usuarios de cantones como Osa, Parrita o Garabito, ahora requieren trasladarse hasta Puntarenas. En el caso de los de la zona norte, la sede más cercana corresponde a la de Ciudad Quesada.
El Gobierno otorgó en agosto del año pasado el permiso de uso en precario a la empresa Dekra, a pesar de que esta había quedado en el segundo lugar, según los criterios de la comisión evaluadora, pues no ofrecía la opción más económica.
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La compañía también incumplió el ofrecimiento de no cobrar por la reinspección de un solo defecto. El MOPT alegó que esto se debió a que no fue aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), sin embargo, ese ente regulador aclaró que el ministerio no realizó una solicitud tarifaria en esa línea.
Lo que sí hizo el Gobierno fue modificar el reglamento de inspección con el cual se favoreció a la compañía pues se variaron los criterios que determinan cuándo un vehículo debe someterse a reinspección y cuándo debe realizar una inspección completa.
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De esa forma, el MOPT obligó a los propietarios de vehículos que presentaran más de un defecto, a someter el carro a una inspección completa y, por lo tanto, a pagar nuevamente el monto total de la revisión que se fijó en ¢8.086 (con impuesto al valor agregado -IVA-), en el caso de los livianos.