San José.
El empresario Raymond Salim Simaan Khachab, dueño de las empresas Biusa y Guillial, se expone a multas y a perder el permiso de operación por haber dejado a unos 60.000 usuarios sin transporte entre el 13 y 14 de junio, al paralizar sus servicios.
Biusa, que opera en La Uruca, y Guillial, con los recorridos a barrio Escalante, barrio La Cruz y barrio México, suspendieron labores para presionar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y al Consejo de Transporte Público (CTP) por una alza. Simaan Khachab exige el reconocimiento de una tarifa por "desequilibrio financiero".
La Aresep, sin embargo, señala que faltan bases legales para ajustar la tarifa, pues no hay datos básicos de operación de las empresas para correr el modelo de cálculo. El empresario asegura que la información ya existe.
Mientras, el CTP y la Dirección de Atención al Usuario de la Aresep elaboran informes técnicos que elevarán a sus respectivas juntas directivas. Serán esos órganos los que determinen la afectación causada y las posibles sanciones.
El defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, y los diputados del Partido Frente Amplio, Patricia Mora y Edgardo Araya, reclaman la aplicación de castigos, como lo hicieron saber en cartas enviadas la semana pasada a la Autoridad Reguladora y al Consejo de Transporte Público. Piden que se abran procedimientos administrativos contra las dos empresas, que se les revoque la concesión del servicio y se le imponga al dueño el pago de los costos estimados por la interrupción.
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Hernán Bermúdez, subdirector del CTP, confía en que la próxima semana estará listo el informe. Con base en la valoración de los hechos, las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la apertura del proceso para retirarles el derecho a prestar el servicio de transporte público.
"Procesos de abandono del servicio como éste, para luego retomarlo, no son normales. Ese día recibimos en el CTP alertas desde distintos canales y remitimos dos equipos de inspección para verificar y documentar todo", explicó Bermúdez.
También la Aresep tiene potestades sancionatorias contra los operadores de servicios públicos, confirmó la oficina de prensa de la entidad. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 7593 (de esa institución), una causal para revocar la concesión o permiso para prestar el servicio es el incumplimiento, por razones injustificadas, de las condiciones generales para su prestación.
Biusa paralizó unilateralmente el transporte de la ruta 10 y todos sus ramales, que incluyen aquellos hacia y desde el Hospital México, La Peregrina, La Carpio, barrio Corazón de Jesús, Parque de Diversiones, urbanización Rositer Carballo y el subsector de Heredia Sur, mientras que Guillial S. A. atiende el distrito El Carmen-San José, además de barrio Escalante, barrio La Cruz y barrio México.
La medida de presión confundió a los viajeros y los obligó, en muchos casos, a pagar altos precios a transportistas informales.
Sin nuevas suspensiones
Según el empresario, desde hace meses las compañías operan con pérdidas, de lo que culpa al método para cálculo tarifario vigente desde hace año y medio.
Simaan insistió en que las tarifas actuales originan el desequilibrio financiero, a pesar de que desde el 2011 no han solicitado ajustes formales, según datos de la Aresep.
Lo que pidió, el 4 pasado de mayo, fue un "aumento tarifario de rescate" para Biusa y el 1.° de junio presentó una gestión similar para Guillial. Pero en ambos trámites omitió requisitos y datos necesarios para la aplicación de la metodología vigente, como las cifras sobre demanda neta de pasajeros, carreras, distancias recorridas, flota de autobuses, antigüedad promedio de esta, referencias sobre tipo de cambio y precio de combustibles, tasa de rentabilidad, entre otros.
La Aresep archivó ambos pedidos.
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Como parte de ese intercambio, el 9 de junio, la Intendencia de Transporte le advirtió al empresario que para plantear la solicitud debe aportar la información respectiva.
El trámite tarda alrededor de tres meses e implica la celebración de una audiencia pública. La determinación de si procede o no un cambio se dará dentro del proceso de ajuste ordinario.
El autobusero, no obstante, descartó la posibilidad de formalizar el pedido, como lo pretende Aresep.
Según aseguró, si solicitara el ajuste cumpliendo los requisitos del modelo vigente, el cálculo daría una reducción del 36%, con lo cual el pasaje a La Uruca pasaría de ¢255 a ¢160, lo que, a su juicio, "resulta ilógico e irracional".
Permiso en precario
La Intendencia de Transporte, en el oficio 0716-IT-2017 del 17 de mayo del 2017 dirigido al regulador general, Roberto Jiménez, indicó que Biusa carece en este caso de condiciones para reclamar una posible violación por parte de la Aresep de los principios de equilibrio financiero.
Según ese órgano, Biusa posee un contrato de renovación de concesión suscrito con el CTP pero sin refrendo, por lo cual dicha compañía presta el servicio bajo la figura de permisionario.
La Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas (Ley 3503 y reformas) indica que la Aresep debe refrendar los contratos de cada operador para comprobar sus condiciones de operación y la calidad del servicio. No obstante, el CTP y decenas de empresarios aún incumplen ese requisito.
Conforme datos de Aresep, a la fecha, de 690 rutas de transporte público de autobús operando en Costa Rica, 261 lo hacen bajo la figura de concesión y 429 con permisos “en precario”. Entre ellas Biusa y Guillial.
"Bajo ninguna circunstancia, con la realidad que presenta la empresa actora, puede alegar en su favor alguna condición contractual ni mucho menos alegar en un proceso, violación por parte de la Aresep de los principios contractuales del equilibrio económico del contrato, ni cualquier otro aspecto relativo al contrato", indica el intendente Enrique Muñoz en su oficio 0716-IT-2017.
Muñoz incluso advierte que el CTP puede retirar a la empresa dicha condición de permisionario "en cualquier momento" según la Ley 3503 "lo que comprueba el estado en que se encuentra actualmente dicha operadora".
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Simaan Khachab reanudó el transporte de pasajeros a condición de que los mismos vecinos de las comunidades afectadas por la medido de presión intercedan por él ante la Aresep solicitando un alza de tarifas.
"La situación que enfrentaron nuestros usuarios, con los cuales tenemos una excelente relación fundada por años de brindar un servicio de calidad y de proyección social, nos motivó a restablecer el servicio de manera inmediata. Ante cualquier proceso que se nos abra, estaremos dispuestos a ejercer nuestro derecho de defensa", afirmó Simaan Khachab.
Francisco León, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral Finca La Caja La Carpio, aclaró que miembros de esa organización sí se reunieron con el propietario de Biusa a conversar el tema pero se comprometieron solo a consultar a la comunidad de la posibilidad de pedir un alza.
Según la Ley 7593 de la Aresep, organizaciones comunitarias legalmente establecidas pueden gestionar una revisión tarifaria pero no expresamente para pedir un alza o una rebaja pues esto lo determina la aplicación de la metodología de cálculo.