El Foro Nacional de Transporte Público anunció que la otra semana irá a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para pedir cambios en el nuevo modelo de cálculo tarifario y así evitar 15.000 despidos en el sector e incluso la huelga.
La supuesta cita sería con la Junta Directiva de la Aresep, señaló ayer Miguel Badilla, vocero del Foro, entidad formada por la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) y otros grupos.
No obstante, la directora ejecutiva de esa Cámara, Silvia Bolaños, negó la reunión.
El regulador general, Roberto Jiménez, también afirmó desconocer sobre la reunión y tampoco había fechas previstas para un próximo encuentro.
"Se tuvieron reuniones técnicas donde se aclararon diversos aspectos de la metodología ordinaria de tarifas de autobús, y en el proceso de mejora continua, se está en análisis de algunas observaciones dadas por los técnicos de las empresas. Sin embargo, la metodología se aplicará en las condiciones actuales", refirió el jerarca de Aresep en referencia a sesiones organizadas la semana anterior en Aresep con miembros distintos sectores; incluidos transportistas.
Por su parte, Badilla rechazó que los autobuseros quieran eliminar el método, el cual ya fue aprobado por la Aresep, sino que pretenden algunos cambios, sin los cuales, afirmó, el sector tendría que hacer 15.000 despidos.
Al ser cuestionado sobre cómo se calculó esa cifra, Badilla fue incapaz de explicarlo y admitió que “solo es una estimación”.
Además admitió que la Aresep “nos obligaría a una situación de huelga”, de no aceptar los cambios propuestos.
“Nos van a llevar a eso. La Aresep tiene que tomar en cuenta que la afectación al sistema de transporte sería directa”, dijo.
En un comunicado, el Foro de Transporte Público afirma que la metodología avalada causaría “un efecto dominó en la calidad del servicio, pues no se le podrá dar mantenimiento ni (siquiera) a las rampas para las personas con discapacidad”. Además de “un envejecimiento de la flota de autobuses, pues castiga la adquisición de unidades nuevas”.
En el país hay 376 empresas de autobus con concesión o permiso para operar. Es así como hay 4.706 unidades autorizadas por el Consejo de Transporte Público para dar el servicio público.
Según Jiménez, la metodología otorga los recursos suficientes para la sostenibilidad del servicio.
"Si la empresa tiene un perjuicio económico, que se demuestre, la metodología permite hacer una revisión profunda de sus pruebas, y si lleva razón, la ARESEP, por ley, debe asegurar el equilibrio financiero", aseguró Jiménez.
Sin argumentos. El exregulador general Dennis Meléndez, quien impulsó el nuevo cálculo, también rechazó los argumentos de Badilla.
Meléndez recordó que en estos momentos a los autobuseros se les paga 10% anual del valor del bus nuevo, por mantenimiento, y sin incluir aceites y lubricantes, repuestos, llantas y mecánicos, que se les paga por aparte.
“Todo lo que hizo el nuevo modelo fue reconocer lo que todo el mundo sabe: en mantenimiento, un bus nuevo de fábrica lo necesita menos en los tres primeros años”, señaló el exfuncionario.
Por otro lado, para Meléndez, traer a discusión el tema de las rampas para personas con discapacidad es una bajeza, “pues con ese truco quieren volcar a ese sector de usuarios a su favor”.
Alegó que es “por completo falso” que el nuevo método “envejecerá” la flotilla, pues en el rubro de depreciación de unidades se reconoce hasta el sétimo año, como en la metodología previa.
“Lo único que se ha hecho es reconocer que un bus con siete años no sale de dar servicio al basurero. Resulta que el bus lo siguen usando hasta por 15 años. Y, según ellos, después de siete ni de chatarra sirve. Pero sí se los venden a empresarios pobres que no pueden recibir algo por el bus viejo que compran”, afirmó.
Meléndez juzgó como “ falaz” el argumento del desempleo y más bien invitó a grupos como Canatrans a devolver las rutas, “si tan mal está el negocio”.