El aumento en los precios de los combustibles llevaría a empresas de bus a recortar sus frecuencias y en algunos casos a devolver los permisos y suspender los servicios que brindan.
Así lo adelantó la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, quien afirmó que a la fecha más de 50 empresas han entregado sus permisos y otras ya advirtieron que en los próximos días tomarían decisiones similares.
“Hoy salió publicada la consulta del aumento que pondría el precio del diésel en ¢904; nunca hemos llegado a una situación como la que estamos viviendo hoy, que se une a efectos que arrastramos por la pandemia. Nuestro reconocimiento (en las tarifas) del diésel está en ¢606 y estaríamos pagando ¢300 más por cada litro, eso hace imposible mantener un flujo de caja para enfrentar esos costos”, explicó.
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Entre las empresas que anunciaron cambios en las frecuencias o cese de operaciones se encuentran las que prestan servicio en las rutas interlíneas Escazú-La Uruca, que estaría devolviendo la concesión en los próximos días, misma decisión que valora la empresa encargada de operar la ruta Periférica. Otra como la interlínea de Santa Ana- La Valencia, comunicó que dejaría de operar en horas valle (fuera de horario pico) y los fines de semana.
A estas se suman varias rutas urbanas de Limón, que además del tema de los costos por combustibles enfrentan afectación en sus ingresos por la proliferación de servicios de taxis “piratas” en el centro de esa provincia.
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Sobre las 50 compañías que han dejado de operar, Bolaños dijo que se trata de empresas pequeñas que ya tenían situaciones complicadas desde la pandemia y que no lograron un aumento de tarifas, porque a causa de esas mismas complicaciones tenían deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o cánones atrasados, por lo que el aumento en los precios de los combustibles, los terminó de “ahogar”.
Bolaños dijo que tras una reunión sostenida este jueves, acordaron que se procuraría garantizar la continuidad del servicio en horas pico, para asegurar que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo y estudio.
“En las horas valle, probablemente de darse este aumento, se daría un paro técnico porque hay una imposibilidad material al no haber recursos y estar tan alto el precio del diésel; la gran mayoría (de empresas) comunicaría la imposibilidad para brindar servicios en hora valle (...) Uno de los principios del contrato es equilibrio económico y en este momento estamos trabajando en desequilibrio”, agregó.
Para la representante de los autobuseros, uno de los problemas que enfrentan es que la metodología solo permite dos ajustes tarifarios al año: uno en enero y otro en junio, por lo que en este momento desconocen cuál sería la condición a la que llegarían a mitad de año de persistir los incrementos.
“La otra situación es que va a tener que hacerse una revisión de costos de operación. Cuando se empiezan a ajustar los costos de operación, lo más sensible son los colaboradores, lamentablemente, porque tienen costos asociados como la Caja y el pago de seguros. No quisiéramos llegar a eso porque durante la pandemia logramos tener una incidencia muy poca en ese tipo de afectación”, afirmó Bolaños.
La solicitud de los autobuseros radica en un proyecto de ley que congele el impuesto único que paga el diésel que abastece al transporte público, el cual representa ¢154 por litro.
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Dicha iniciativa no ha prosperado en el Congreso y tampoco es apoyada por el presidente electo. Por esa razón, dijo Bolaños, pidieron a los diputados que se presente una moción que haga que el proyecto sea viable.