La empresa Autotransportes Cesmag S. A. pidió al Tribunal Contencioso una medida cautelar contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para frenar una rebaja de 23% en las tarifas de bus de la ruta atendida por la compañía.
La rebaja propuesta sería el primer resultado de la aplicación de una nueva metodología que definió la Aresep, con el fin de calcular los pasajes de autobuses.
El ajuste planteado afectaría el pasaje que pagan los usuarios de los buses que transitan desde y hacia San José, provenientes de sitios como Montes de Oca, Curridabat y La Unión. Esa ruta moviliza un aproximado de 1,3 millones de pasajeros al mes.
Con la propuesta de la Aresep, cada viaje costaría ¢80 menos; pasaría de ¢335 a ¢255. Así, alguien que viaja ida y vuelta entre San José y San Pedro seis veces a la semana, ahorraría alrededor de ¢3.840 al mes.
El dueño de la empresa, Orlando Ramírez, hizo una primera gestión ante el juez del Tribunal Contencioso-Administrativo, el 16 de setiembre, cuando intentó suspender la audiencia pública que la Aresep había programado para el 19 de setiembre, en San Pedro. No obstante, la reunión se desarrolló sin problema y con la participación de unas 200 personas, quienes llegaron para apoyar la rebaja.
El Tribunal notificó a la Aresep, días después de la audiencia. Por esa razón, la empresa propuso cambiar la medida cautelar, para que se suspenda la aplicación de la nueva metodología en su ruta.
El caso está activo y en camino de ser asignado a un juez para estudio, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Según la demanda, la metodología “incurre en el vicio de permitir amplia discrecionalidad de los funcionarios que calcularán las tarifas”.
Además, el método desconoce una serie de gastos “inherentes a la implementación de las políticas de modernización del transporte”, agrega el escrito.
Cita, como ejemplos, los costos en la estructura administrativa, financiera, operativa y técnica de la empresa, así como planes de capacitación del personal, servicios de atención e información al usuario, actividades de seguridad y vigilancia de los planteles, cambios en la planta física (talleres, dormitorios y bodegas, entre otros).
Del mismo modo, el modelo no reconoce salarios asociados al mantenimiento de los autobuses, donde participan “llanteros, lavadores, pintores, bodegueros, misceláneo, engrasadores, guardas y electromecánicos”.
La Nación consultó al regulador general, Roberto Jiménez, sobre la demanda; empero, declinó referirse al asunto porque aún se encuentra en la sede judicial.