La Auditoría Interna de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros confirmó que la entidad incumplió la normativa legal al aprobar y ejecutar decenas de plazas sin tener el contenido presupuestario asegurado para el pago de salarios, aguinaldos, cargas sociales y otros gastos asociados.
El pasado 8 de noviembre, La Nación publicó que la Contraloría General de la República improbó parcialmente el presupuesto a esa institución por “incorporar contenido para cubrir gastos que ya han sido ejecutados”. En total, la improbación fue por ¢1.179 millones.
No obstante, desde el 20 de marzo del 2023, Arturo Brenes, auditor interno de la Red, advirtió sobre el problema. Sin embargo, Luis Antonio Monge Cordero, gerente general del ente, insistió y envió a la Contraloría un presupuesto en el que incluyó los fondos necesarios para cubrir los 87 puestos, entre los que hay médicos, personal administrativo, auxiliares de cocina, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas y técnicos en servicios de la salud para el Hospital del Trauma.
Incluso, el 21 de abril del 2023, en una sesión del Comité de Auditoría Corporativa, Brenes insistió en alertar a la administración sobre las irregularidades en el uso de plazas sin los recursos financieros necesarios.
“La ejecución de estas plazas asciende a ¢410,6 millones y que desde esta dependencia se tendría que hacer una nota de advertencia para que no vuelva a ocurrir esa situación, ya que está generando un riesgo importante”, expresó el auditor interno de la Red de Servicios de Salud del INS en esa reunión.
El aviso se hizo realidad el 8 de mayo del presente año, cuando Brenes firmó el oficio de advertencia AUI-AD-020-2023. El 5 de mayo, tres días antes de que emitiera la advertencia, la Jefatura del Departamento de Cultura y Talento confirmó la ejecución de las plazas sin presupuesto, lo cual va en contra del artículo 180 de la Constitución Política.
En el documento, el auditor interno enfatizó que las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público establecen que para la creación de plazas es necesario incluir el “fundamento jurídico” y también “se deberá adjuntar una justificación del movimiento propuesto y la viabilidad financiera”. Además, subrayó que el artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos indica lo siguiente: “no podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles”.
Esa misma normativa agrega: “tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto”.
Por último, Brenes pidió “efectuar una revisión al proceso de planificación y ejecución de los recursos” para “evitar actos contrarios al principio de legalidad” y dio cinco días hábiles para que la Gerencia General de la Red de Servicios de Salud del INS diera una respuesta.
Este diario intentó conversar con el auditor interno, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
El gerente general de la Red de Servicios de Salud del INS aseguró, el pasado viernes 24 de noviembre, que sí contestaron los requerimientos de la Auditoría Interna, pero dijo que no tenía acceso al documento en ese momento. Prometió que el próximo miércoles daría detalles.