La cantidad de reclamos y demandas judiciales presentadas por las empresas que regula la Aresep, obligaron a esta entidad a crear un fondo de reserva de hasta ¢5.000 millones para encarar eventuales condenas por decisiones con algún tipo de error en la fijación de tarifas.
Este dinero sale del bolsillo de los usuarios de servicios públicos pues se carga a las tarifas de buses y taxis; conexiones de electricidad y agua y de quienes compran gasolina, diésel y gas.
En 10 años, entre el 2007 y el 24 de agosto del 2017, la Aresep ha enfrentado 685 procesos judiciales (un promedio de 68,5 por año) que incluyen reclamos contenciosos administrativos, recursos ante la Sala Constitucional y otros.
La Aresep consideró que de esos procesos, los 340 que quedan en la vía contenciosa administrativa le podrían provocar un perjuicio económico.
A agosto de este año, solo en 54 de esos casos había sentencia final condenatoria, de las cuales 7 se hallan recurridas en casación y otra se anuló en esa misma vía recursiva y espera nueva sentencia.
El fondo de “Provisiones para litigios y demandas” se empezó a alimentar en el 2015 para el pago de estos eventuales errores de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que resulten en condenas.
La millonaria provisión ya se usó para cancelar ¢1.988 millones por indemnizaciones derivadas de juicios entre los años 2007 y 2017. De esa suma, solo este año se pagaron ¢1.248 millones (62%) por seis expedientes judiciales, la mayoría relacionados con el sector autobusero.
Algunos pagos incluyen ¢509,9 millones a la empresa Autotransportes Desamparados; ¢282 millones a la autobusera Transcesa que opera la ruta Sabana-Cementerio; otros ¢161,1 millones a Metrocoop que sirve en Hatillo y Alajuelita y ¢94 millones por el pago de honorarios profesionales en el caso de Transcesa.
Para el otro año, la Aresep prevé acumular ¢3.000 millones de reserva adicionales dirigidos al eventual pago de costas judiciales mientras espera la resolución de siete procesos pendientes, confirmó el área de prensa de la entidad.
Todas estas condenas y procesos pendientes se derivan de la aplicación de las llamadas “herramientas complementarias” con las cuales Aresep estimó los pasajes de autobús antes de la entrada en vigencia de la actual metodología de cálculo aprobada en el 2016.
Entre los años 2002 y 2012, las “herramientas complementarias” permitían a los técnicos de la Aresep agregar criterios adicionales a los resultados del modelo matemático que fijaba los pasajes, precisó el área de prensa de la entidad.
En algunos casos, por ejemplo, quedaba una tarifa inferior a la que daba el modelo matemático cuando dichas herramientas complementarias sugerían un recorte al considerar en el ajuste otras variables como inflación, tipo de cambio del colón frente al dólar y otras.
Errores de antaño
Denis Meléndez, exregulador general, confirmó que la entidad encaró varios procesos judiciales interpuestos por empresarios de transporte por el uso de esas "herramientas complementarias". No obstante, los jueces siempre dieron la razón a la Aresep.
"Sin embargo, en determinado momento ocurrió un cambio; un juez varió de criterio en un caso argumentando de que las herramientas nunca se llevaron a audiencia pública para discutir su validez. Desde entonces, a partir del 2013, se eliminó su uso", explicó Meléndez.
Cuando eso ocurrió, explicó Meléndez, empresarios autobuseros que se sintieron afectados por ese mecanismo empezaron a interponer reclamos judiciales. La Contraloría General de la República confirma la versión del exfuncionario: en enero del 2015 advirtió una crecida de juicios contra la Aresep donde esta resultaba culpable.
Según el informe de auditoría DFOE-EC-IF-11-2015, la Aresep pasó de pagar ¢39 millones en el 2012 a ¢404 millones en el 2013, un incremento del 934%, por lo cual la Contraloría llamó a Aresep a tomar medidas para asegurarse recursos en caso de perder más procesos judiciales.
"Los errores de los funcionarios de Aresep plasmados en las herramientas complementarias, modelos tarifarios incongruentes y otros, le están pasando la factura a la Aresep. Efectivamente el sistema era ilegal", afirmó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).
Bolaños asegura que las empresas reguladas han aprendido a defenderse de las "cabezonadas" de la Aresep en referencia a lo que, según ella, es una "siempre difícil conversación" con dicha entidad. Esto es lo que lleva luego a algunos empresarios a interponer reclamos en la vía de lo contencioso administrativo, enfatizó Bolaños.
Roberto Jiménez, regulador de los servicios, confirmó que la Aresep ha sido condenada por errores del pasado que han quedado firmes en fechas recientes.
"Son hechos ocurridos y solventados pero las consecuencias económicas de los fallos tendrán repercusión presupuestaria en el presente y en el corto plazo", agregó el regulador.
"Estas acciones –recalcó– pretenden paralizar los cambios que está introduciendo la Autoridad Reguladora en las metodologías existentes, en aras de garantizar el interés público al que se ha hecho referencia. Como todo cambio, provoca resistencia, empero la institución se apega a la legalidad, la ética y a la ciencia y la técnica en sus acciones".
El 9 de mayo de 2016, Jiménez había indicado que confiaba en que el costo de reglación que pagan los usuarios no aumentara. ”Hay un elemento delicado que son una serie de demandas judiciales. Este año, creo, el canon está siendo afectado y entonces hay que hacer una revisión de esos procesos. También aspiramos a desarrollar acuerdos y manejo de conflictos antes de que lleguen a la vía judicial para disminuir los juicios que aparezcan a futuro".