Escaso análisis, falta de controles y un aumento de costos son algunas de las cuentas en un rosario de pifias que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) atribuye a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en la gestión de dos proyectos de generación eléctrica. Estos son la planta hidroeléctrica Balsa Inferior, en el río Balsa, en Santa Rita de Florencia de San Ramón, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana y Mora.
Ambos han deteriorado las finanzas de esta subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cual ya buscó trasladar las pérdidas a sus abonados. Los hallazgos emanan de una investigación que la Aresep ordenó en noviembre para aclarar el costo de los proyectos.
La pesquisa surgió luego de que la CNFL solicitara, el año pasado, un alza de 35% en la tarifa que pagan sus 520.000 abonados para lidiar con el peso en sus finanzas de ambas inversiones.
En aquel ajuste, la Intendencia de Energía de Aresep solo autorizó 18% de alza al excluir casi ¢169.000 millones ligados al costo de las plantas que la CNFL no justificó a qué se debían y por inconsistencias en datos.
El expediente OT-004-2016, concluye que la gestión de los proyectos fue inadecuada desde su inicio, pues los estudios de prefactibilidad y de factibilidad se basaron en diseños iniciales de obras sin análisis detallados.
Se obviaron, dice el informe, variables técnicas, geográficas, de mercado, tecnológicas, sociales, ambientales y el impacto económico de las inversiones.
La Intendencia asegura que la CNFL tampoco logró aportar evidencia de que haya valorado el impacto tarifario de estos proyectos o el eventual beneficio de ambos para sus usuarios.
La CNFL ni siquiera pudo probar que incorporó en el análisis financiero de las plantas el precio de compra de energía al ICE aun y cuando “se trataba de un factor determinante para valorar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos”.
El efecto de estos errores apareció en la etapa de obras, cuando se dispararon los costos.
Balsa Inferior pasó de un monto inicial estimado de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras el Parque Eólico, de $21 millones a $54 millones.
Al final de su vida útil, ninguno agregará valor a la empresa y más bien serán necesarios fondos externos para soportar su carga económica, apunta Aresep basada en estudios de la propia subsidiaria del ICE.
Se consultó a Aresep cómo afectará esto a los abonados, pero la entidad declinó comentar.
“Aún estamos analizando los alcances de estos proyectos y el posible impacto en futuros ajustes tarifarios”, explicó Mario Mora, director de Energía de Aresep y coautor de la investigación.
Por orden de Aresep, la CNFL está buscando mejores opciones de refinanciamiento de las deudas contraídas por la ejecución de la planta Balsa Inferior, confirmó Roy Guzmán Ramírez, jefe del área de Tarifas y Normativa Regulatoria de la CNFL.
Desacuerdo. Guzmán informó de que la empresa presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad relativa concomitante contra la resolución de Aresep sobre el caso.
Añadió que Aresep sigue sin informarles cuál es, entonces, el valor real de las plantas, datos sin los cuales la CNFL está impedida de solicitar un ajuste tarifario donde pueda incluir los costos justificados de cada una de las instalaciones.
“El informe no cumple lo establecido por cuanto se aparta de su objetivo general y no determina el valor a reconocer de los activos de las plantas Balsa Inferior y Valle Central y, por ende, sus costos financieros y de operación y mantenimiento”, dijo Guzmán.
Él confirmó que la CNFL excluyó el costo de ambos activos de un pedido de 5,9% de alza en sus tarifas para el 2017, que planteó la semana pasada a Aresep.
Para Guzmán, queda en duda si se logró determinar algún aspecto en la ejecución y operación de las dos plantas que aún limite a la Intendencia de Energía el reconocimiento tarifario de los activos, las inversiones o los gastos de operación y mantenimiento de ambos emplazamientos.
Hallazgos de la Intendencia de Energía
- Inconsistencias. Aresep afirma que las variables incluidas en los estudios de factibilidad de ambos proyectos fueron inconsistentes con respecto a lo ejecutado, pues surgieron diferencias “sustanciales”. Citó, por ejemplo que, en el caso de Balsa Inferior, el análisis financiero consideró en determinado momento solo el uso de recursos propios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), aun cuando esa hidroeléctrica terminó financiándose con endeudamientos, como emisión de bonos y créditos.
- b. Luego de “amplios periodos” (casi una década) entre la planificación y la ejecución de obras de las dos plantas, indica Aresep, la CNFL no hizo otra valoración para determinar la pertinencia económica y técnica de ambas y si aún respondían a la necesidad real de suministro eléctrico. En su lugar, la CNFL se aferró a argumentos iniciales sobre la matriz energética nacional y la satisfacción de la demanda de energía de años anteriores.
- ¿Inestimable? En Balsa Inferior, el contrato por la administración de esta hidroeléctrica suscrito entre la CNFL y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se hizo por excepción entre entes de derecho público y se definió de “cuantía inestimable”. Sin embargo, Aresep afirma que nunca se evidenció la imposibilidad de ambas partes para fijarle un precio al contrato. La principal justificación de la CNFL para proceder así siempre fue “la experiencia del ICE en construcción de obras de generación hidroeléctrica”. Este diario consultó al ICE por qué se declaró “inestimable” ese contrato pero, al cierre de esta edición, seguían sin responder.
- Inseguridad. Ese mismo contrato de administración, afirma la Intendencia de Energía, refleja “un desequilibrio” de intereses entre las obligaciones acordadas por ambas empresas. Esto, porque no se establecieron multas para el ICE en caso de incumplimientos mientras que sí se pactó el pago de intereses moratorios ante un eventual atraso en los pagos por parte de la CNFL. Aparte, aun cuando el ICE era el contratista de Balsa Inferior, la responsabilidad total sobre imprevistos recayó en la CNFL. La Nación también consultó al ICE, aunque tampoco obtuvo respuesta.
- Descontrol. Acusa Aresep que los propios informes de Auditoría Interna de la CNFL evidenciaron debilidades y posibles riesgos en los controles mientras se levantaba Balsa Inferior. Específicamente, incrementos en los costos por subutilización de equipos, recepción de menos cantidad de combustible para los trabajos, atrasos en los plazos de las obras contratadas, pagos mínimos por maquinaria que nunca se utilizó, compras de artículos y materiales que no se requerían, incremento del endeudamiento de la CNFL, pago de intereses moratorios y atrasos en el inicio de operación comercial de la planta.
- FUENTE: Expediente OT-004-2016
- El Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior se localiza en La Florencia de San Ramón (Alajuela) y tiene 37,5 megavatios de potencia instalada. El proyecto se alimenta de las aguas del río Balsa, las cuales le proveen una caída bruta de 135 metros, gracias a una a desviación de seis kilómetros de la margen derecha del río.
Ese proyecto terminó de construirse en el 2014 y, a partir de esta inversión, empezaron los apuros de la CNFL, porque representó costos finales de ¢167.000 millones. La previsión original era de ¢65.000 millones.
Las erogaciones adicionales generaron, así, que la deuda de la CNFL fuera, al 30 de setiembre del 2015, de ¢195.000 millones, tres veces más de la reportada en el 2010, según los estados financieros. El 90% del pasivo de la empresa es a largo plazo con entidades financieras internacionales. Esto explica, en parte, por qué la CNFL reportó una pérdida de ¢27.482 millones en el 2015, en comparación con el 2014.
El análisis halló “serias debilidades” en el Parque Valle Central por insuficiencia en procesos de concepción, formulación y evaluación, al sugerir “poca claridad de la necesidad y origen” de este. La Contraloría halló que el costo de inversión unitario de la planta fue de $3.800 por kilovatio (kW) instalado, el más elevado respecto a cualquier parque eólico local con capacidad máxima de 20 megavatios.
En parques semejantes, el costo promedio por kilovatio ronda los $2.500, un 43% menos. En 15 años transcurridos entre la conceptualización y la puesta en operación, su costo total en términos nominales creció de $21 millones a $53, 3 millones.