En los últimos dos años, la Aresep gastó al menos ¢5.500 millones en 900 audiencias públicas a las cuales acudió una ínfima parte de los usuarios de servicios públicos.
Se supone que estos espacios ofrecen a los usuarios oportunidades de expresar dudas e incluso oposición a ajustes tarifarios, pero grupos de consumidores opinan que no funcionan así.
Una audiencia pública cuesta alrededor de ¢6 millones, expone el exregulador Dennis Meléndez en su informe final de gestión julio 2010-mayo 2016. Entre 2014 y 2015, hubo 900, puntualiza el exjerarca en el texto .
Conforme a esos datos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) gastó ¢5.500 millones pagados por los usuarios, mediante el canon con el cual se financia esa entidad y que esta transfiere a las tarifas de los servicios regulados.
Esa suma es similar a los rubros de la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo que Aresep excluyó el año pasado de las tarifas de combustibles y que, sin embargo, la Sala Constitucional ordenó hace unas semanas volver a trasladar a los conductores.
Pese al monto gastado en audiencias, menos de 11.000 personas acudieron a ellas entre 2014 y 2015. La cifra es ínfima frente a la población de cuatro millones de usuarios de servicios públicos.
“La participación de usuarios en procesos de participación ciudadana promovidos por Aresep, y dentro del proceso de regulación en general de los servicios públicos, es escaso y muy limitado”, admite Meléndez en su informe.
La Ley N.° 7.593 de Aresep dicta celebrar estos espacios y obliga al ente regulador a gastar en pauta publicitaria en medios de comunicación para anunciar las fechas de las audiencias.
Votos de la Sala Constitucional también exigen acceso ciudadano a todo proceso tarifario, lo cual implica organizar sesiones en todo el país en municipalidades, gimnasios, salones comunales, colegios y escuelas.
Incluso en casos ante los cuales parece que los usuarios casi no tienen forma de argumentar.
Ocurre así, por ejemplo, con la metodología de ajuste automático para el precio de los combustibles, la cual se activa cada mes según varíen los precios internacionales de los hidrocarburos que se importan a Costa Rica.
Reparos. “Hay una limitación real a participar porque los parámetros están establecidos y, sea lo que sea que diga un usuario, no hay incidencia”, denunció Érick Ulate, jerarca de la Asociación de Consumidores de Costa Rica.
Ulate explicó que la información que entrega Aresep en las audiencias es “ puro lenguaje técnico” ajeno al común de los usuarios quienes, en su mayoría, luego de ir a una audiencia, no desean ir a otra porque “sienten que no se les toma en serio porque todo parece diseñado para hacerlos sentir como que no entienden”.
La Defensoría de los Habitantes cree que las audiencias se desvirtuaron, al punto de ser un trámite rutinario sin valor.
“Aresep tiene un marco jurídico que le permite hacer consideraciones sociales y por eso importa la participación de los usuarios, pero las audiencias deberían ser más accesibles, empezando por cambios en el lenguaje”, indicó Montserrat Solano, defensora de los Habitantes
José Antonio Rojas, presidente de la Federación Nacional de Protección al Usuario, coincide.
“Las audiencias son muy abstractas y técnicas para el usuario que tendría que pagar a asesores el estudio de las metodologías para objetar en los mismos términos”, afirmó Rojas.