El viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, lideró la redacción de un texto que plantea sancionar los contenidos de radio y televisión que sean “contrarios a las buenas costumbres”.
Ruiz admitió ayer que el documento pone en debate la libertad de expresión y que algunas de las sanciones solo se incluyeron para que los sectores en consulta las rebatieran y se eliminaron del texto inicial.
¿Quién redactó el documento sobre el proyecto de ley general de radio y televisión ?
Es un proyecto en conjunto de este Viceministerio de Telecomunicaciones, que ha recopilado aspectos de la ley actual y temas internacionales.
¿Quiénes son los responsables de la redacción del texto?
Los que estamos aquí. Hubo un equipo de abogados a cargo del texto. No es un proyecto, sino un documento borrador para el desarrollo de los talleres de consulta que hacemos.
”Es un punto de partida, que no necesariamente responde a lo que nosotros queremos del proyecto de ley, sino que responde a lo que queremos discutir”.
Es un texto que pone en discusión la libertad de expresión...
Por supuesto que sí. El texto sí pone en discusión la libertad de expresión y de prensa.
¿Y le parece sano y válido que una garantía tan básica como la libertad de expresión se someta a debate público?
Bueno, en principio no estamos yendo en contra de las libertades de expresión, tampoco nos queremos meter en contenidos. La idea es que se discutan.
Usted afirma que no regularán contenidos, pero eso se contradice con las sanciones que impone el documento en discusión...
Está en discusión. Lo que se incluyó en el documento son todos los temas que están en la palestra. Es como decir: aquí están los temas para trabajar, discutamos y ahí planteamos dudas. Las dudas que usted pueda tener, son las mismas dudas que podemos tener nosotros.
Pero, ¿por qué poner en discusión la libertad de expresión?
Es que nosotros no lo vemos desde esa perspectiva.
Pero el documento dicta sanciones a los medios, según el tipo de contenidos que publique...
El documento de discusión, le repito, incluye lo que tiene la ley actual y lo que se está discutiendo en foros mundiales.
¿Con base en qué definieron el régimen de sanciones?
Con base en la ley actual.
Pero las sanciones son muy diferentes a la ley actual. El documento contempla cerrar radioemisoras y televisoras. ¿Por qué?
Ajá, bueno... (cede la palabra a Fernando Víctor, jefe de la unidad de Control Nacional de Radios del Micitt).
Fernando Víctor: “Las sanciones que existen hoy están obsoletas. Son multas de ¢3.000. Imagínese el costo administrativo del Estado para imponer una multa de ese tipo.
¿Por qué y con base en qué se plantean eventuales cierres de medios de comunicación?
No, no es el objetivo de esta ley promover nada que vaya en ese sentido, a no ser de que los medios hagan un uso ineficiente del espectro radioeléctrico.
¿Qué entiende usted por uso ineficiente del espectro?
Por ejemplo, que no tengan encendidos los transmisores las horas que corresponden, que no tengan la cobertura que se promete. Más que todo, desde una perspectiva más técnica.
¿Por qué el Viceministerio incluyó sanciones por contenido en el documento de discusión, si usted dice que todo cierre se reduce a un criterio técnico?
Eso ya lo hemos discutido y ha causado controversia. Esa era la idea, censar la opinión de los sectores y son temas que no van a estar en el texto final.
¿Descarta desde ya las sanciones por contenido?
La Defensoría de los Habitantes nos dice que el contenido es totalmente libre y solo podemos intervenir cuando incite al odio.
El documento también dice que si el ente rector (el Ejecutivo) considera que una radioemisora se sale del interés público, puede cerrar la frecuencia. ¿Por qué y con base en qué criterios?
Más o menos, dependiendo del tema por el cual se esté tomando esa decisión. Por ejemplo, si es por un asunto tecnológico que el Estado requiera el uso de esa frecuencia, habría que indemnizar a quien posea la concesión.
¿Cuál ha sido el resultado de los talleres respecto a la sanción de noticias falsas o alarmantes?
Estamos siendo conservadores trayendo lo que ya está en la ley actual (1954), poniéndolo en la palestra, para que los sectores nos digan ‘saquémoslo’.
¿Ya el documento lo conoce Casa Presidencial?
No, el Ejecutivo lo que va a recibir es el informe final.
¿Presidencia quedó por fuera del documento de discusión?
Yo me imagino que ellos sí lo tienen, sí, pero el documento formal lo van a recibir en julio.
¿Por qué si las injurias ya se discuten en la vía penal se incluyen como sanción en este texto?
Esa misma observación ya nos la hicieron. Habría que sacarlo.
¿Cuál es la posición de ustedes sobre el cierre de medios de comunicación?
No hay interés de cerrar nada.
Pero inicialmente, cuando redactaron el texto, sí...
El documento solo es discusión. El punto aquí es que el objetivo es fortalecer a este sector, no buscamos objetivos contrarios, sino dar la seguridad jurídica que corresponde (...). Disculpe, pero ya me tengo que retirar.
De las sanciones por contenido, ¿alguna está en firme?
Todo pasa por un tema de uso eficiente del espectro radioeléctrico. El Estado vigilará los cumplimientos de cada contrato.