Torres de apartamento, urbanizaciones y oficentros. Al menos 210 de estos desarrollos inmobiliarios instalaron tuberías para captar agua de manera ilegal.
En criterio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se trata de consumos “desmedidos, ilegales y fraudulentos”, que obligan a una mayor explotación de las fuentes de agua.
La situación, según las autoridades del Instituto, agrava los problemas de suministro que se presentan sobre todo en la época seca, cuando hasta 450.000 habitantes de cantones del área metropolitana tienen problemas de abastecimiento, la mayoría por entre seis y 12 horas cada día.
Por esta razón, ya fueron interpuestas demandas penales encaminadas a frenar las pérdidas económicas y prevenir el faltante del líquido.
El AyA brinda el servicio a 657.000 abonados en el país, equivalente al 51% de la población (2,3 millones de habitantes). El resto del suministro lo asumen Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) y municipalidades.
Como el ilícito se localiza literalmente bajo tierra, al Instituto puede tomarle meses de investigación hasta descubrir las anomalías. Hasta el momento, se estima que los daños por estos casos representa una deuda cercana a los ¢20.000 millones.
La Cámara de la Construcción, sin embargo, asegura desconocer un problema de tal envergadura como lo describe el AyA. Según dijo, "promueven las mejores prácticas siempre al lado de la legalidad".
Jorge Arturo González, presidente de la organización que agrupa a las empresas constructoras del país, considera que deben diferenciar la "eventual conducta incorrecta de algunos casos puntuales" con todo el sector.
"Si existen pruebas por algunos casos particulares, que se presenten como corresponde, pero hay que tener el cuidado de no extender sombras de duda hacia todo un sector que contribuye ampliamente con el desarrollo económico y social del país”, dijo González.
Unidad investigadora
Las tomas ilegales se localizaron principalmente en los cantones de La Unión (Cartago); Mora, Santa Ana y Escazú (San José) y en San Pablo de Heredia, además de zonas costeras.
El intento de perseguir estas irregularidades comenzó hace tres años, debido a que se incrementaban los casos.
AyA incluso conformó un equipo técnico, operativo y legal llamado Unidad de Control de Fraudes en los Servicios, el cual investiga los casos para identificar y evidenciar quiénes se abastecen con tuberías ilícitas.
La Unidad recolecta pruebas con el fin de armar una investigación suficientemente sólida para presentar la denuncia penal.
Actualmente, hay 10 casos ante el Ministerio Público e igual número de procesos civiles para cobrar daños y perjuicios.
Solo por estos 10 procesos, el AyA estima en ¢423 millones el monto por reclamar a desarrolladores y responsables de centros comerciales, torres de apartamentos, oficentros, condominios, hoteles y moteles, detalló Olivier Ruiz del área legal del AyA y miembro de la Unidad de Control de Fraudes.
Otros 200 casos permanecen en investigación administrativa pero, concluida esta etapa, también se presentarán las denuncias penales que corresponda.
Los desarrolladores involucrados en los casos que se investigan son "reincidentes y expertos en el tema", pues, según Ruiz estos ilícitos son difíciles de detectar. Se estima que los hechos comenzaron a presentarse hace unos 15 años.
Este fenómeno, tiene relación con la extensión de la mancha urbana que, según el Quinto Informe del Estado de la Región, ha quedado a juicio de desarrolladores inmobiliarios a falta de políticas de ordenamiento territorial. La tendencia, según el estudio, explica la construcción, en los últimos 20 años, de complejos residenciales en cantones como Grecia, Naranjo, Orotina, San Rafael de Alajuela, La Unión de Cartago y San Isidro de Heredia, por citar solo algunos ejemplos.
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Como los desarrolladores suelen a su vez subcontratar algunas obras, Ruiz afirmó que cuando AyA los confronta suelen argumentar que desconocían del asunto o culpan a la empresa subcontratada de lo ocurrido.
Por tratarse de investigaciones en curso, Ruiz declinó nombrar a los implicados, sin embargo, aseguró que son empresas "muy conocidas". Dos de estas empresas, ya se acercaron para "negociar un arreglo de pago y evitar el descrédito de verse en los tribunales".
Para estos casos de conexiones ilícitas, explicó Ruiz, el AyA interpone las acciones legales bajo la figura del delito de receptación o robo.
El Código Penal reprime el robo con hasta 15 años de prisión, mientras que la receptación se castiga con cárcel de entre seis y cinco años.
Costos
Un proyecto conectado de forma ilegal daña el suministro de otras zonas durante al menos un promedio de ocho meses durante su etapa constructiva; explicó Edwin Matarrita, encargado de Optimización de Sistemas de la Gran Área Metropolitana (GAM) del AyA.
En la construcción de cada uno de estos 210 casos, el AyA calcula que por cada proyecto concluido el infractor robó al menos 6.875 metros cúbicos (m3) de agua: en total 55.000 m3 durante un promedio de ocho meses. Esa cantidad de líquido tiene un valor estimado en ¢93 millones.
Con base en ese promedio, las pérdidas podrían rondar los ¢19.530 millones.
Al ser conexiones clandestinas, la entidad enfrenta una dificultad adicional para estimar en el tiempo cómo se comportará realmente la demanda de agua para así planificar su producción y administrar el suministro del líquido.
Si en promedio, un hogar consume 22 m3 de agua al mes, sólo el líquido tomado ilegalmente en ocho meses de obras equivale al agua requerida en 312 hogares durante el mismo lapso.
Delito difícil de detectar
Los desarrolladores de estos proyectos inmobiliarios tienen el equipo y personal requeridos (y el conocimiento) para hacer las conexiones ilegales a la red del AyA, recalcaron los funcionarios.
"Es entendible que el desarrollador sea quien primero cometa el delito porque sabe cómo hacerlo. Cuando levanta el proyecto, cuenta con todos los permisos legales para hacer obras. Lo que pasa es que, en esa coyuntura de legalidad, va sembrando una tubería ilegal a nuestra red sin que nadie se entere", explicó Edwin Matarrita.
AyA las clasifica estas tomas irregulares en dos tipos: conexiones fraudulentas y conexiones ilícitas.
Las primeras ocurren cuando usuarios con servicio autorizado emplean algún medio para falsear su consumo. Las segundas son aquellas donde consumidores, quienes no son usuarios regulares del AyA, se conectan irregularmente a la infraestructura operada por el Instituto.
La infracción ligada a estos 210 desarrollos tiene así dos manifestaciones: la primera ocurre durante la construcción cuando se tomó el agua de forma irregular (toma fraudulenta) y la segunda, cuando los usuarios del sitio ya construido siguen disponiendo de líquido cortesía de las tuberías ilegales heredadas pero sin pagarlo (toma ilícita).
En la mayoría de los casos de toma ilícitas, quienes habitan el inmueble cancelan su cuota de servicios básicos con el pago del alquiler.
Para la Unidad de Control, la molestia es mayúscula cuando queda en evidencia la falta de conciencia, pues, además, hay desperdicio para regar zonas verdes, llenar piscinas u otros usos similares.
“Descubrimos en Concepción de La Unión que, en verano, había un desarrollo en una zona donde en esa época suele faltar el agua. Sin embargo, ese desarrollador siempre tenía una zona de jardines con el zacate verde. Empezamos a investigar porque nos pareció llamativo y , sorpresa: había una toma ilegal”, recordó Matarrita.