El timbre de entrada a clases sonó y no llegaron al aula. Ahora sus compañeros son la calle y la tierra que, con jornadas sin horario y bajo el abrazo del Sol, roban sus horas de juego y estudio.
En Costa Rica hay 47.400 menores de edad que cambiaron los libros por horas de trabajo, y que son mano de obra barata en actividades relacionadas con agricultura y comercio, principalmente.
Un 61,4% de los menores de edad que trabajan están en la zona rural, entre plantaciones y actividades costeras, “víctimas de maltrato y con salarios de miseria”.
La pobreza en sus casas y el desgano por el estudio dejaron pupitres vacíos y un futuro con pocas oportunidades para mejorar su condición social.
“Es una lucha que tenemos que dar y, aunque la cifra ha disminuido , no estamos satisfechos, y es importante indicar que la única forma de progreso es mediante el estudio”, explicó el ministro de Trabajo, Olman Segura.
Por lo general, las labores que realizan los niños y adolescentes no requieren ninguna capacitación, por lo que reciben una baja remuneración y cumplen con jornadas de trabajo que superan lo permitido por ley (seis horas), y que implican, en algunos casos, riesgos para la salud del menor.
Estos datos forman parte del análisis del taller de la Red Interamericana para la Administración Laboral, efectuado en Costa Rica el 20 y 21 de febrero.
En él se dieron cita representantes de 26 países de toda América, con el fin de evaluar los obstáculos y proponer medidas para prevenir el trabajo infantil.
‘Selva urbana’. En las zonas urbanas, el comercio es la actividad que recluta a más niños y adolescentes. Según datos del Ministerio de Trabajo, 18.319 menores de edad desarrollan actividades laborales entre los recovecos de la ciudad.
Las calles, ferias del agricultor y puntos cercanos a lugares donde se expende licor son focos de trabajo infantil en la Gran Área Metropolitana (GAM).
“El hecho de pasar en la calle representa todo un proceso de exclusión social y supervivencia en esa selva urbana. En Costa Rica hay varias intenciones de reformas en el legislativo, pero existen serias dificultades en la implementación de esa normativa”, expresó Virginia Murillo, presidenta de Defensa de Niños Internacional (DNI).
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibe unas 20 denuncias mensuales, que, junto a las situaciones que, por sí misma, detecta esa cartera, suman un total de 300 casos atendidos al año.