Dos de cada diez solicitudes de nuevos servicios de agua potable en el país son rechazadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas), y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Un estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reveló que la región central es la que registra los índices más elevados de rechazo a los pedidos de nuevas disponibilidades. Entre los cantones más afectados están Tibás, Moravia y Goicoechea, donde las respuestas negativas alcanzan el 50%.
El mayor perjuicio se registra en el sector residencial, con un 23% de rechazos. Dentro de esta categoría, las solicitudes vinculadas a conjuntos residenciales lideran con un promedio del 61%, seguidas por los condominios con un 52% y los apartamentos con un 34%. En el sector empresarial, la tasa de negativas asciende al 19%, siendo la hotelería el área con el porcentaje más alto, llegando al 34%.
Los motivos para el rechazo persistente incluyen la falta de capacidad hídrica, que no solo se relaciona con la disponibilidad de fuentes de agua, sino también con la insuficiencia de redes o sistemas de distribución. En las zonas costeras, la mayoría de las negativas están vinculadas con el déficit de producción, mientras que otras razones de rechazo están asociadas con incumplimientos de requisitos por parte de los solicitantes.
Desperdicio
El regulador general, Eric Bogantes Cabezas, hace referencia a otro problema que incide y es el desperdicio del recurso. En el caso de los acueductos urbanos, se registran niveles de pérdidas superiores al 50%, lo que implica que la mitad del recurso disponible se desaprovecha.
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Bogantes advirtió de que no se deben seguir tolerando estas cantidades de rechazo, pues el acceso al agua es un derecho humano, y la negación de este afecta otros derechos indispensables como la salud y la vivienda digna.
Para Carlos Chacón, director de Atención al Usuarios y coordinador del estudio, el agua debe ser de buena calidad y continuamente recibida, por lo que los prestatarios del servicio deberían poner atención a las razones por las que se están dando los rechazos en determinadas zonas y a las dinámicas de desarrollo y planificación territorial para redirigir sus esfuerzos.
“Si no se tienen datos sobre las tendencias en el desarrollo principalmente inmobiliario, resulta difícil planificar y priorizar las inversiones y como resultado se puede dar un deterioro en la calidad, continuidad y prestación óptima de un servicio tan indispensable como el agua potable”, declaró.
Otra consecuencia de la falta de planificación, añadió, sería la desatención de las inversiones en la zona rural por la atención que generan las solicitudes en la región central.
La Nación publicó este 25 de febrero que hay 2.561 proyectos constructivos varados por falta de disponibilidad del recurso. Estas obras representan una inversión de $510 millones, según una encuesta a desarrolladores.
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