Años de posible complicidad y encubrimiento de la Iglesia habrían dejado impunes delitos sexuales atribuidos al ahora exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, sostiene el abogado Rodolfo Alvarado Moreno.

Alvarado representa a una víctima de Víquez cuya denuncia es la única en los tribunales de justicia y por la cual podría responder el cura expulsado. Al menos ocho casos adicionales nunca llegaron a la vía judicial al haber prescrito.

“Hay hechos gravísimos comprobados en el expediente de la denuncia, como que el arzobispo (Hugo Barrantes) conocía de estos hechos desde el 2003 y los ocultó. Hay una situación a nivel de complicidad. Todos los delitos de Mauricio Víquez contra menores de edad los realizó en casas curales o en vehículos de la Iglesia católica; todos”, aseguró en entrevista con este diario.

Solo por las denuncias de su representado, un joven de apellidos Alvarado Quirós de 27 años, el excura encara dos delitos de abuso sexual, dos de violación calificada y un delito de corrupción agravada.

La causa se abrió el 2 de octubre del 2018 y está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género del San José bajo el expediente 18-000854-0994-PE.

A la fecha, Víquez de 54 años, sigue sin ser indagado pues no se realizó la diligencia entre octubre y enero pasados.

A finales de este último mes, el religioso salió hacia Panamá y de ahí a México. Luego se le perdió el rastro mientras persiste sobre el individuo orden de captura internacional emitida el 19 de febrero.

Seis días luego de esa orden internacional, el Vaticano divulgó que expulsaría a Víquez del estado clerical de por vida.

Lo alertó

Para el abogado, la salida de Víquez se dio porque la Iglesia lo alertó de la causa judicial en su contra.

Conforme la versión de las autoridades eclesiásticas, le consultaron al ofendido si deseaba incorporar la denuncia penal al expediente del proceso canónico que también ya se impulsaba. El joven accedió.

Según los religiosos, debido al protocolo de derecho de defensa en el proceso canónico, estos pusieron a Víquez en conocimiento del expediente judicial.

Al haber tenido acceso a la información, explica el abogado Alvarado, el entonces cura pudo advertir la edad del denunciante quien cumplirá 28 años en setiembre. Será entonces cuando esta causa prescriba de acuerdo con el artículo 31 del Código Procesal Penal.

Esa norma establece que los delitos castigados con prisión prescriben en un plazo de 10 años. Cuando los delitos son contra menores, el plazo corre a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad.

“Las declaraciones de otros dos testigos, también víctimas de abuso, ratifican en su declaración en este caso la actitud negligente y permisiva de la Iglesia en favor del denunciado Víquez Lizano”, agregó el abogado.

Argumentó que si la Iglesia hubiera actuado, los casos de esos dos testigos tampoco hubieran quedado impune.

“Este es un caso humano de gran trascendencia, donde un sacerdote católico, revestido de poder por su función y amparado por la jerarquía que tenía en la Iglesia, abusó por años de un cúmulo de muchachos en la Iglesia de Tres Ríos y en la de Patarrá”, aseguró.

La denuncia penal asegura que Víquez era un sacerdote con “apoyo irrestricto de la Iglesia y de la comunidad católica, en consecuencia esas personas acusadas ni siquiera podían contarle a sus familias, ni a personas cercanas, lo que les pasó”.

Conforme el recuento de los testigos ofendidos en el caso, Víquez había sido trasladado de una parroquia de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, a Patarrá de Desamparados, debido a denuncias ante el clero.

Fue después de los hechos en la Iglesia San Juan Bautista de Patarrá que Iglesia Católica le modificó sus funciones hasta remitirlo únicamente a “posiciones ejecutivas importantes dentro de la Iglesia”.

“El denunciado es encima un connotado profesor en la Universidad de Costa Rica con plaza en propiedad y quien solicitó a esa entidad permiso sin goce de salario todo el año 2019 por cuanto sabía que iba a irse del país buscando la prescripción de los delitos. Eso es gravísimo”, agregó.

La Universidad comenzó en marzo las gestiones de despido.

Los hechos denunciados

Fue en la parroquia de Patarrá donde habrían ocurrido los hechos que dieron origen al caso del joven Alvarado Quirós.

Según la declaración incluida en el expediente, él vivía en la comunidad de Guatuso y venía de una familia de de escasos recursos y padres desempleados.

Fue una vecina allí quien le recomendó irse a la parroquia a buscar trabajo como misceláneo. Ahí conoció a Víquez.

“Me presenté a la Iglesia y le comenté mi dura situación y él me dijo que podía recoger las hojas frente a la casa cural, ese día me alistó víveres y me dio ¢900”.

La supuesta agresión habría sido un día cuando el muchacho, entonces menor de edad, recogía hojas en los jardines de la propiedad. Debido al calor de ese momento, afirma haberse quitado la camisa durante la faena.

Víquez se acercó a preguntarle por una cicatriz que tiene en su torso; precisa el expediente. Sin dar mayor detalle, el menor le dijo que fue resultado de una operación que tuvo poco después de nacer.

Concluida su labor ese día, fue a la oficina de Víquez a recibir su pago. Ahí, a solas con su patrón, refiere que Víquez insistió en ver de nuevo la cicatriz al punto de convencerlo de quedarse desnudo con el pretexto de ver cómo estaba su estado físico general.

En fechas posteriores, según Alvarado Quirós, ocurrieron los hechos denunciados incluidos episodios de sexo oral, penetración, abusos deshonestos y tocamientos a los cuales siempre seguía la advertencia de no revelar a nadie lo ocurrido.

Según el recuento de otros testigos en la causa, Víquez siguió con ellos una dinámica semejante para abordarlos. Cuando alguna familia o conocido refería a los menores con Víquez, este primero les asignaba labores de monaguillo o misceláneo.

Luego, establecía un comportamiento de confianza y amistad con los menores, y tenía contacto físico como apretones de brazos, abrazos y otros.

Víquez, además, dedicaba tiempo y atención a los muchachos con invitaciones a comer, a misas importantes o diligencias.

En el expediente, un testigo ofendido asegura que el religioso les preguntaba si se masturbaban e incluso esta consulta daba pie a su intención de revisar los genitales de estos para supuestamente ver cómo avanzaba su desarrollo físico.

El abogado de Alvarado Quirós adelantó que este presentará en un plazo de 30 días una querella privada y una acción civil resarcitoria en contra de Víquez y la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

“El monto se desconoce por ahora, pero el daño tiene una magnitud impresionante”, afirmó.

El abogado alertó que este martes la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal para ampliar de 10 a 25 años el plazo de prescripción de delitos de abuso sexual contra menores. Esto con la intención de dar más tiempo a las víctimas de denunciar.

Sin embargo, en este caso tal cambio no aplica por lo cual urgió a las autoridades a redoblar esfuerzos para localizar a Víquez.