La falta de rampas para personas con discapacidad y unidades viejas serían las causas de la suspensión de operaciones a 30 empresas autobuseras.
El Consejo de Transporte Público (CTP) anunció, ayer, el inicio de un proceso administrativo contra estas firmas por incumplir la legislación.
El director del CTP, Mario Zárate, dijo que las compañías tienen a cargo unas 40 rutas y que podrían perder la concesión en caso de mantenerse al margen de lo que establecen las reglas.
“Esto apenas es el inicio de un proceso para que cada empresa tenga su derecho a la apelación. Puede que algunas de estas compañías ya estén en norma. Lo que queremos reafirmar es que el usuario no está siendo ignorado”, manifestó Zárate.
El CTP no reveló los nombres ni la cantidad de unidades de los 30 transportistas, debido a que aún no han sido notificadas. Del total, unas diez operan buses con más de 15 años de vida útil.
Cada firma tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas en su defensa, una vez que reciba la advertencia.
El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini, indicó que, pese al incumplimiento y eventual cancelación de permisos, la continuidad de los servicios no se verá afectada.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), Alfredo Villalobos, no hay excusa para que una compañía evada la Ley 7.600.
“Todavía no hay una notificación, no sabemos cuáles son las empresas. El CTP tampoco hizo un estudio de la realidad de campo a la fecha (...). Es responsabilidad nuestra cumplir con la Ley 7600. Es una responsabilidad; no hay excusa para estar al margen de la normativa”, reconoció.
Vieja petición. Desde el 2007, el Consejo estableció un programa de cumplimiento para que las empresas concesionarias de buses cumplieran la ley.
En principio, el plazo para instalar las rampas en los buses vencía en enero anterior pero, por solicitud de los empresarios, se dio una prórroga de tres meses.
La instalación de rampas significa unos ¢5 millones de inversión para las autobuseras.
Además, las unidades deben tener pisos antideslizantes, cinturones de seguridad para las sillas de ruedas, así como rotulación externa que indique que el bus cuenta con rampa.
La Policía de Tránsito tiene la facultad de retirar las placas de los buses que circulen y no tengan la rampa de acceso.
“El procedimiento administrativo no limita a los oficiales de tránsito a retirarles las placas”, advirtió el director Zárate.
En abril, el CTP reveló que el 98% de las 480 empresas de transporte público ya había instalado los dispositivos.
Sin embargo, el mal estado de algunas paradas de buses y la descortesía de choferes, hacen insuficientes las rampas para poder dar un servicio de calidad.
Huecos, desniveles en aceras y hasta postes de luz son algunos de los obstáculos que con frecuencia deben sortear los usuarios en silla de ruedas o adultos mayores para subir al autobús.
Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el negocio autobusero genera ¢358.000 millones al año.