Los beneficios de vender a grupos de graduandos la “serenata completa ya armada” los conoce bien Manuel, quien accedió a contar su experiencia si se reservaba su identidad, pues hace más de un lustro dejó este negocio y hoy, con 28 años, labora en una empresa transnacional.
Todo empezó en el 2005, cuando él, estudiante de un colegio privado en La Sabana, organizó con un compañero la serenata de los hombres de su grupo, y al año próximo, la generación que seguía buscó su asesoramiento.
“Terminamos haciéndoles la serenata, y a partir de entonces, se corrió la voz y nos empezaron a llamar de otros coles. Nos ganábamos un 30% sobre el costo total de la actividad; si valía ¢1 millón, cobrábamos ¢1.300.000”, detalla, tras contar que, entre el 2006 y el 2008, vendieron al menos 10 serenatas a grupos de cinco o seis instituciones privadas.
“A menudo, los papás eran cómplices, ayudaban a conseguir el guaro y hasta daban ideas. Una vez, el tema de una fiesta era policías, y a una mamá se le ocurrió comprar pistolas de agua y llenarlas con licor para que vacilaran en el bus”.
Lo que nunca faltaba, recuerda Manuel, eran “las parejillas que se perdían” y las muchachas que, ya ebrias, terminaban “apretando con los de la discomóvil o los del bar”. Hoy, ve hacia atrás y reconoce: “Era una entrada de dinero con cero riesgo y, además, una fiesta gratis para mis amigos y yo”.
¿Y el Estado qué? Por tratarse de eventos en propiedades privadas, es poco lo que puede hacer la Fuerza Pública por contener los excesos que se producen en las llamadas serenatas. Así lo afirma Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad, quien admite que la Policía solo podría ingresar a estas fincas si se emite un llamado de auxilio desde dentro o se está cometiendo un delito in fraganti , pues no pueden allanar sin autorización de un juez.
Según Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se está trabajando en una estrategia conjunta que incluye al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los ministerios de Salud, Educación y Seguridad, la Policía Fiscal y la de Tránsito, y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
“Aspiramos a entrar en acción antes de que el evento se dé”, dice Araya. Y agregó: “Buscaríamos comunicarle al dueño de la propiedad los riesgos y las implicaciones legales que asume; lo mismo a los dueños registrales de los buses y a los choferes.
”También estamos detrás de las agrupaciones que organizan estas fiestas, porque a menudo les venden a los menores licor de contrabando y ven en estos eventos la oportunidad de meter droga”, aseveró Araya, quien instó a los padres a recordar “la responsabilidad que tienen en la tutela de sus hijos”.