Cámaras y grupos empresariales admitieron este jueves la necesidad de medidas sanitarias más estrictas frente al repunte de contagios de covid-19, pero reclamaron a las autoridades haberlos excluidos en la definición de estas acciones.
“El cierre de las actividades del 3 al 9 de mayo golpeará a los que menos tienen y es un desincentivo a la recuperación y generación de empleo”, se quejó José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
“Las actividades formales, que respetan y siguen con disciplina los protocolos sanitarios son las que pagan los platos rotos”, lamentó Jenkins luego del encuentro sostenido, esta mañana, por el Gobierno con representantes empresariales.
El cierre de establecimientos comerciales no esenciales aplicará en la región central del país. Además, del 3 al 31 de mayo, habrá mayores limitaciones para circular en los cantones de esa zona del país.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, también lamentó que la reunión de dos horas de este jueves no fuera para aportar propuestas y tomar medidas conjuntas.
Para Egloff, se incumplió con el objetivo de buscar un balance entre economía y salud para preservar el empleo.
“El país ha entrado en el momento más crítico de la pandemia, ahora más que nunca cada uno de nosotros debe ser respetuoso de los protocolos sanitarios, y denunciar todo tipo de actividades que no se apeguen a estos.
“Pero consideramos que el cierre de actividades formales que sí aplican las medidas sanitarias adecuadamente no es el camino a seguir”, agregó.
Los industriales recalcaron que el sector ha demostrado su responsabilidad para operar bajo estrictos protocolos sanitarios y, más bien, considera que su operación contribuye a la adecuada contención y seguimiento de los contagios.
Inconformes
José Francisco Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) se declaró en total desacuerdo con las medidas del Gobierno pues, dijo, más que un diálogo fue una imposición de medidas ya tomadas.
“La reunión de esta mañana no fue para ver las necesidades; simplemente fue algo que estaba decidido. Creemos que es de suma importancia que cualquier medida que se va a tomar, primero se debe consultar a las cámaras a ver si se puede ajustar algo”, lamentó.
Para Quesada, no existe un plan integral ni propuesta alguna por parte del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis económica que los comercios viven desde el inicio de la pandemia, así como de la crisis en ciernes con los cierres dictados.
“El comercio quebrará, el desempleo aumentará, la clandestinidad aumentará al no tener lugares donde consumir y por ende la ingesta de bebidas alcohólicas se trasladará a lugares clandestinos, fincas y casas de habitación”, lamentó el vocero.
Mientras, voceros de la Cámara de Comercio de Costa Rica reconocieron la crítica situacion que encara el país que, según indicaron, amerita medidas fuertes para contener el acelerado incremento de los contagios y las hospitalizaciones.
No obstante, también recordaron a las autoridades que estas decisiones tendrán un costo significativo para la economía en un contexto difícil y sin herramientas legales, como reducción de jornadas laborales y de la base mínima contributiva para el sector comercio.
Consideraron que la situación desencadenará despidos en muchas empresas incapaces de afrontar este nuevo cierre.
“Hemos hecho un gran esfuerzo para lograr mantener que el comercio siga operando, a pesar de las dificultades y pérdidas económicas y humanas que este virus ha dejado. La pandemia no ha pasado y los comercios enfrentan aún momentos difíciles”, señaló Julio Castilla, presidente de esa cámara.
Castilla reconoce el esfuerzo del Gobierno en la prevención de contagios “Pero requerimos acciones igualmente urgentes enfocadas en la reactivación económica, facilitación de los negocios, mejora en costos de la formalidad”, declaró.