El uso de vaporizadores o vapeadores y cigarrillos electrónicos quedó prohibido en sitios públicos, así como la venta de estos dispositivos a menores de edad, luego de la aprobación en segundo debate del expediente 21.658 que regula estos aparatos y los productos de tabaco calentado.
La iniciativa también fija un impuesto del 20% a la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que será dirigido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, confirmo a La Nación la diputada oficialista Catalina Montero Gómez, promotora de la propuesta junto con el liberacionista Luis Antonio Aiza Campos.
Según la legisladora, el proyecto consiguió la aprobación definitiva el lunes y está en proceso de envío al Poder Ejecutivo para la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado. Entrará a regir con su publicación en el diario oficial La Gaceta.
“Este proyecto fue enviado a consulta a la Sala Constitucional, que no le encontró ningún vicio de inconstitucionalidad. A partir de ahí, siguió adelante a pesar de todos los obstáculos, porque hay intereses comerciales muy fuertes. En lo personal, quise apoyarlo desde el punto de vista de la salud pública.
“Se ha demostrado que estos dispositivos inducen a menores al hábito del fumado y en vez de resolver un problema a quienes tienen el hábito, más bien lo complican. La Caja es la que tiene que asumir la atención de las enfermedades generadas por el tabaquismo, y son tratamientos sumamente caros”, comentó la legisladora Montero.
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La Red Nacional Antitabaco (Renata) manifestó su complacencia por la aprobación de la ley. Nydia Amador, presidenta de esa organización, aseguró que la nueva normativa dará un respaldo sustancial a la Ley de Control de Tabaco.
“Es importante considerar la vulnerabilidad de todos los consumidores de productos de tabaco, incluyendo los dispositivos electrónicos o vapeadores, ante cualquier enfermedad del sistema respiratorio, ya que los primeros estudios sobre los efectos del uso de vaporizadores y productos de tabaco calentado muestran consecuencias negativas para los pulmones y los sistemas inmunológico y cardiovascular”, dijo Amador.
Según Renata, en el 2020 Costa Rica recaudó ¢27.185 millones por impuestos al tabaco. Sin embargo, el costo de la atención de enfermedades relacionadas con su consumo supera, anualmente, los ¢300.000 millones.
De acuerdo con esa red, los defensores del vapeo intentaron confundir a la opinión pública al asegurar que esa práctica es un 95% menos dañina que el consumo de tabaco. Según Renata, el estudio en el cual se basaron para hacer esas afirmaciones, además de tener serias inconsistencias técnicas, recibió el financiamiento de empresas tabacaleras.
En enero del 2020, en su comparecencia ante los diputados que estudiaban el proyecto en aquel entonces, el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, manifestó, de manera contundente, que se debía “desincentivar el uso de cigarrillo, así como el de vaporizadores en todas sus gamas”.
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Ante legisladores de la Comisión de Asuntos Sociales, Salas destacó la importancia de apoyar esa iniciativa para el país.
“Tiene total respaldo del Ministerio de Salud. Está completamente acorde con la alerta sanitaria que ya emitimos respecto al uso de vaporizadores, en donde hemos sido muy claros en que en ningún momento ha habido un estudio que pueda decir que los vaporizadores son una terapia para dejar de fumar. Por el contrario, hay que desincentivar el uso de cigarrillo, así como el de vaporizadores en todas sus gamas”, dijo el ministro en el 2020.