El Tribunal Contencioso Administrativo volvió a abrir el portillo al abuso con incapacidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pues en una sentencia reciente determinó la eliminación de todos los acuerdos que la institución había tomado para controlar las licencias por enfermedad.
El asunto se remonta a lo ocurrido en el 2011, cuando la Junta Directiva de la Caja acogió un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) –emitido en el 2001– , en el que se señalaba que las incapacidades son un subsidio y no parte del salario del trabajador.
Es decir, a criterio de la Procuraduría, las licencias no debían ser tomadas en cuenta para el cálculo de aguinaldos, vacaciones y otros.
Tanto el dictamen de la PGR como los acuerdos de la Caja fueron anulados por el Tribunal. Ambas instituciones tienen dos semanas para apelar, algo que ya confirmaron harán en los próximos días.
La demanda ante los jueces la interpuso en el 2012 la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), sindicato que insistió en que el pago de las incapacidades como parte del salario fue adoptado por la Caja en 1987 y ya constituía un derecho adquirido.
Luis Chavarría Vega, secretario de ese sindicato, se mostró complacido por el fallo y dijo que el cambio fue “irregular y arbitrario”.
Para Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, de confirmarse la sentencia se traducirá “un retroceso” para la institución y su esfuerzo por salir de crisis.
Según el Tribunal, la forma como se hacía el pago de las incapacidades antes del 2011 está contemplada en el Reglamento de Beneficios Especiales de la Caja.
Abusos. Cuando la Caja acogió el dictamen de la PGR, en junio del 2011, al mes siguiente las incapacidades de sus empleados cayeron “automáticamente” un 40% pues pasaron de 13.426 a 8.017, según publicó este diario en aquel momento.
“Parece que nuestros empleados no estaban tan enfermos; vemos que muchos se curaron de un pronto a otro”, dijo Balmaceda en aquella publicación.
Aquel mes, un sector de los empleados se fue a huelga cuatro días y paralizó servicios, lo que le costó a la Caja más de ¢1.000 millones .
Ayer, Balmaceda no dudó en señalar que teme que el control que actualmente llevan de las incapacidades –catalogado por expertos como la acción más exitosa para paliar la crisis financiera– se revierta y retornen los abusos previos al 2011.
De esos abusos, uno de los más grandes se dio en el 2010, cuando una investigación de este diario determinó que el día de la inauguración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica fue cuando más se incapacitaron los funcionarios de la Caja .
Cuando en junio del 2011 la Caja adoptó el criterio de la Procuraduría, estimó que solo para el segundo semestre de ese año se ahorraría ¢21.000 millones por no hacer pagos de más por las licencias.
Ayer se intentó obtener el criterio de la Procuraduría, pero su oficina de prensa dijo únicamente que no compartían el fallo del Tribunal y que se redactaba el recurso de apelación. Este último deberá conocerlo la Sala Primera, que será la que decidirá al respecto.