Tres iniciativas de ley pretenden aclarar el concepto de violencia obstétrica en Costa Rica para poder proteger mejor a las madres y sus bebés. Se trata de situaciones sufridas durante los periodos de embarazo, parto, posparto y puerperio; puede ser violencia física, psicológica o por negligencia.
Los proyectos impulsados por la diputada oficialista Paola Nájera Abarca se presentaron este 16 de abril. Surgieron luego de la muerte de la bebé Isabella del Milagro Gutiérrez Herrera, que nació de forma prematura en el Hospital de Nicoya y falleció cuatro días después. Aunque su situación era grave por su prematuridad, derivó en denuncias sobre el trato que recibió la madre y la forma en que le explicaron las condiciones de su hija.
Luego de aquel hecho, ocurrido en enero, Nájera habló con diferentes colectivos de mujeres y con especialistas en género para encontrar formas de proteger de estas prácticas a las mujeres y sus hijos.
“Hubo hallazgos muy difíciles de aceptar, como que no hay en la legislación costarricense una definición de violencia obstétrica (...) Y vimos que en la práctica siguen ocurriendo casos muy lamentables”, señaló Nájera.
Durante la presentación de los planes de ley, Josselyn Quirós compartió lo que vivió hace 13 años en el Hospital Max Peralta, en Cartago, cuando, al parecer, por un mal procedimiento, su bebé murió. Desde entonces emprendió una lucha en reclamo de una mayor humanidad en el trato.
Me encontré con un sistema que me cerró las puertas por 13 años, con un juicio hace un año y aquí sigo a la espera(...) No es un problema únicamente a nivel de la Caja (Costarricense de Seguro Social, CCSS). El sistema como un todo nos pone el pie, nos calla, nos dice que no sigamos, pero yo seguí en nombre de mi hija y de muchas mujeres”, agregó.
Las iniciativas buscan dar fuerza a la ley ya existente contra este tipo de violencia y a su reglamento.
En la actividad estuvo presente Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, para quien es necesario que la mujer debe estar informada de sus derechos y de lo que pueden exigir a los centros de salud.
Planes contra la violencia obstétrica
La primera de estas tres iniciativas pretende adecuar la definición de violencia obstétrica a la que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la señala como un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el embarazo, parto o posparto en los centros de salud.
“Esta es una violación de la confianza entre las mujeres y los profesionales de la salud que las atienden, y también puede ser un importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna y utilizan estos servicios. Si bien es posible que, durante el embarazo, el parto y el puerperio, se trate a las mujeres de manera irrespetuosa y ofensiva, hay que tener presente que ellas son especialmente vulnerables durante el parto”, cita la OMS en su manifiesto contra la violencia obstétrica.
Se incluyen la falta de confidencialidad, el incumplimiento de dar un consentimiento informado completo, la negativa a administrar analgésicos, la violación a la privacidad, el rechazo de admisión en centros de salud, y la retención de las mujeres y los bebés en centros médicos si no tienen capacidad de pago. Algunas poblaciones también podrían sufrir presiones para esterilizarse después del parto.
Aunque toda mujer podría sufrir violencia obstétrica, hay grupos poblaciones de mayor riesgo, como las adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que viven con VIH.
Esta primera propuesta también incluye que la Defensoría de los Habitantes tiene un rol para fiscalizar la promoción de derechos humanos y parto respetado tanto en los centros públicos como privados.
Estas serían reformas a la Ley de Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido (10081), firmada en enero de 2022.
La segunda iniciativa pretende cambiar el artículo 17 de esa normativa, para eliminar el plazo límite para que la afectada denuncie. Actualmente, el tiempo máximo para denunciar es 4 años después del hecho .
“No es posible que le exijamos a una mujer que vaya a hacer una denuncia al Ministerio Público inmediatamente después, cuando el dolor ya es muy grande”, dijo Marta Esquivel.
Finalmente, la tercera iniciativa busca crear el Día Nacional Contra la Violencia Obstétrica. Aunque ya la CCSS lo había puesto dentro de sus efemérides y lo conmemora el 9 de enero (día en que la madre de Isabella del Milagro hizo la denuncia), la iniciativa busca darle mayor importancia y hacer mayor conciencia.