Reos de cárcel de El Roble de Puntarenas son atendidos con telemedicina

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Cada salida de un privado de libertad de la cárcel de El Roble de Puntarenas al Hospital Monseñor Sanabria le cuesta ¢12.000 al centro penitenciario.

Solo el año pasado, el uso de vehículos para trasladar a reos enfermos alcanzó la cifra de ¢17,4 millones.

Habría sido más costoso de no ser porque los médicos del Monseñor Sanabria y los del centro penal se pusieron de acuerdo para desarrollar un programa de atención a los reclusos, con ayuda de telemedicina. Ese sistema emplea computadoras, cámaras, parlantes y pantallas de alta definición para las citas, a distancia, entre el doctor y el paciente.

La médica del centro penal, Adriana Durán Jiménez, dijo que en el 2014 se dieron 181 teleconsultas en especialidades como urología, dermatología, psiquiatría, cuidados paliativos y emergencias.

También se han atendido casos en medicina familiar, cardiología, infectología y medicina interna.

Según comentó la doctora, este servicio facilita enormemente la atención de los enfermos penitenciarios.

Impacto. Hasta ahora, el Hospital Monseñor Sanabria es el único de los 29 centros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que da esta modalidad de servicio a la población penitenciaria. Gracias a este servicio, que funciona hace poco más de un año, se redujeron los traslados: mientras el año antepasado 1.473 viajaron al hospital, en el 2014 esa cantidad se redujo a 1.200.

Este sistema de atención es uno de varios que pone en práctica el centro médico para mejorar la calidad del servicio a casi medio millón de asegurados de esta provincia y reducir el impacto de los daños que causó el terremoto del 2012.

La Nación intentó confirmar en el Ministerio de Justicia si esta iniciativa se extenderá a otros centros penitenciarios de la red. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta mediante su oficina de prensa.