La Procuraduría de la Ética Pública apeló este jueves la resolución que ordenó el sobreseimiento definitivo de un grupo de 18 funcionarios y exfuncionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a quienes se acusó por impulsar aumentos de salario, compra de títulos valores y crecimiento de planillas, entre 2008 y 2009.
La resolución de sobreseimiento la emitió el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, el 10 de mayo anterior, en la causa 12-000046-0615-PE. La decisión se le notificó a los implicados el lunes 19 de junio.
Esas 18 personas se libraron de ir a juicio por decisión de la jueza penal de Hacienda Andrea Rodríguez Segura.
Para la Procuraduría, sin embargo, se debe establecer la responsabilidad del grupo por haber impulsado una política salarial que, según el abogado del Estado, se habría hecho con datos que no responden a la realidad y que habría generado el desequilibrio financiero de la institución. Asimismo, por la compra de títulos valores que, según la Procuraduría, afectó el seguro de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
“Con este recurso se pretende que el Tribunal Penal, como superior, ordene la ineficacia de la resolución impugnada y ordene la devolución del expediente al Juzgado Penal de Hacienda para realizar una nueva audiencia preliminar”, informó la oficina de prensa de la Procuraduría.
Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción también fue notificada el 19 de junio, por lo que tenía el documento en análisis para determinar si procede o no interponer un recurso de apelación.
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El grupo de 18 personas lo integran los expresidentes ejecutivos de la Caja, Eduardo Doryan Garrón e Ileana Balmaceda Arias, los exgerentes Gustavo Picado Chacón (actualmente separado por otros asuntos de la Gerencia Financiera), Dinorah Garro Herrera, José Alberto Acuña Ulate y Manuel Ugarte Brenes, y el actuario Luis Guillermo López Vargas.
La lista la completan Iván Guardia Rodríguez, Carlos Montoya Murillo, Sara González Castillo, Álvaro Vega Rojas, Christian Hernández Chacón, José Luis Quesada Martínez, Yorleny Madrigal Mora, Jorge Chavez Muñoz, Eugenio Trejos Lobo, Édgar Cabezas Solera y Roy Retana Mora.
La sentencia justifica el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por los delitos de fraude de ley e influencia contra la hacienda pública, además por falta de precisión y claridad en la acusación.
“(...) se considera que la acusación no cumple con los requisitos, se echa de menos una relación de hechos precisa y circunstanciada, la cual violenta el principio de imputación, no se realiza una individualización de las acciones desplegadas por cada uno de los imputados (as) en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de este lo que genera una incapacidad de poder encuadrar los hechos en las calificaciones legales otorgadas dentro de la pieza acusatoria”, argumentó la jueza.
El sobreseimiento definitivo, además, se fundamenta en que, a criterio de la juzgadora, la prueba ofrecida no arrojó el grado de probabilidad para llamar a juicio. Lo atribuye a que el Ministerio Público no fue capaz de describir la acción ilícita atribuida a cada uno de los involucrados.