El futuro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está en manos del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Será el mandatario el que resuelva una solicitud de recusación contra la Junta Directiva de la Caja, es decir, una petición para que no sea el máximo órgano de la entidad el que decida el resultado de procedimientos administrativos abiertos.
Actualmente, hay 13 implicados por las supuestas anomalías en la adjudicación de millonarios contratos de equipos de protección personal necesarios para el personal de hospitales durante la pandemia.
La recusación fue presentada desde el 23 de febrero por Esteban Corrales Vega, uno de los investigados. En el documento, el funcionario pide que la Junta se aparte del caso por considerar que está en duda la imparcialidad de los nueve directivos.
Como la Junta ya no tiene un superior jerárquico en la institución que pueda resolver el pedido de Corrales, se acude al Presidente de la República, de ahí que el asunto se encuentre en ese despacho.
Casa Presidencial confirmó el 30 de julio, que la recusación fue elevada al mandatario y se informó de que “está en fase de resolución para su pronta emisión”.
LEA MÁS: Gerente de Logística de CCSS y dos asesores cumplen un año suspendidos con goce de salario
Para trasladar la acción a Alvarado, la Junta Directiva se amparó en una recomendación de la Dirección Jurídica de la CCSS.
El 30 de abril, esa dependencia, basada en pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR) para casos similares, sugirió enviar la gestión al presidente.
Se fundamentó, por ejemplo, en un caso de abril del 2000, cuando la Procuraduría atendió una consulta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por una recusación en pleno contra la Junta Directiva de la entidad.
“Cuando se recuse la totalidad de un órgano colegiado que carezca de superior jerárquico –tal y como es el caso de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados–, la recusación debe ser resuelta por el señor presidente de la República”, estableció la PGR en el oficio C-079-2000.
En esa misma nota, la Procuraduría aclaró que si en este tipo de casos, la recusación es declarada con lugar, el Consejo de Gobierno debe nombrar un órgano decisor especial que tendrá la responsabilidad de determinar la decisión final (absolutoria o fijar sanciones).
La Nación hizo a la CCSS consultas sobre este tema, pero argumentaron que no pueden responderlas.
“La información que solicita no es posible de brindar por estar relacionada con un procedimiento administrativo disciplinario de naturaleza confidencial. En razón de lo anterior, la Caja no puede referirse a lo solicitado”, expresó la entidad por medio de la oficina de prensa.
El origen
El proceso disciplinario contra Corrales y el resto de funcionarios implicados se abrió el 18 agosto de 2020, 14 días después de que este diario reveló la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas descartables por $4 millones a favor de David Landergren Castro, contador público costarricense y Miren Martínez Begoña, periodista española.
Según el expediente 2020CD-000093, la adjudicación fue tramitada por medio de una contratación directa, pues los insumos urgían para proteger al personal de clínicas y hospitales del contagio de la covid-19. Sin embargo, ambos contratistas incumplieron con los plazos de entrega de forma parcial y total.
Además, la comisión técnica, integrada por Corrales y otras dos funcionarias, descartó las ofertas del contador y la periodista porque las mascarillas no cumplían con los requisitos solicitados por la Caja; eso ocurrió el 13 de mayo de 2020.
No obstante, el 18 de mayo, fuera del plazo para la recepción de ofertas, la comisión técnica cambió de criterio y aprobó los tapabocas ofrecidos por Landergren y Martínez. La nueva valoración se hizo a solicitud del asesor de la Gerencia de Logística, Hans Vindas Céspedes.
Pocos días después de la publicación, Corrales renunció a su puesto en la CCSS.
La adquisición por los $4 millones fue autorizada por Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, el 28 de mayo de 2020.
Porras permanece suspendido con goce de salario desde agosto de 2020; en esa misma condición están sus asesores, Hans Vindas Céspedes y Cristina Díaz Rivera.
LEA MÁS: CCSS pagó por adelantado $1,3 millones a periodista por respiradores KN-95 no médicos
Precisamente, uno de los argumentos de Corrales para cuestionar la objetividad de los integrantes de la Junta Directiva es que ellos nombraron a Porras.
“El señor Macaya Hayes fue el gestor del nombramiento del gerente de Logística de la institución y por todos es conocido que defendió una y otra vez públicamente al ingeniero Luis Fernando Porras en una gran mayoría de las conferencias de prensa del mediodía, donde se trataban temas covid-19.
“Desde ese momento, el señor Macaya Hayes mostró un interés en salvar las actuaciones de Porras Meléndez y como tal debe ser separado del conocimiento de la recomendación que vaya a emitir el órgano decisor”, alegó Corrales en el escrito de recusación.
“El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social conocía los hechos desde el primer momento y él, en condición de superior jerárquico, junto con Roberto Cervantes Barrantes (gerente general), con su silencio, admitieron, estimularon y consintieron la compra de mascarillas en las condiciones que sucedieron”, agregó.
Por último, expuso que la Junta Directiva enfrenta un conflicto de interés, ya que no incluyó en los procedimientos disciplinarios al gerente general, quien era el encargado del aval para el inicio de los procedimientos de contratación.
“Este vicio es gravísimo ante un conflicto de interés, que estamos demostrando de forma sobrada . Al omitir la identificación del conflicto de interés y la acción , los miembros de Junta Directiva están incumpliendo el deber de probidad”, alegó.
Alejandro Calvo, abogado de Corrales, dijo que están a la espera del pronunciamiento de Casa Presidencial.
Cinco procesos
La CCSS mantiene cinco procedimientos disciplinarios por presuntos actos de corrupción en la compra de mascarillas, por aparentes pagos indebidos por equipo de protección para personal médico, aceptación de tapabocas de uso no médico y contratación de vuelos de emergencia para la importación de insumos.
Los 13 investigados se exponen a amonestaciones, suspensiones con goce de salario y hasta despidos.
LEA MÁS: Abogados de CCSS dejan caso de mascarillas para después de pandemia
De los cinco procesos abiertos, cuatro fueron enviados al Ministerio Público para que se determine si se cometieron delitos en perjuicio de la Seguridad Social.
La investigación publicada por La Nación también provocó la apertura de una investigación por parte de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.