Las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) que reciben las personas más pobres, principalmente adultos mayores que no lograron cotizar para tener una pensión por vejez, están llegando a su límite, según un informe presentado por la Gerencia de Pensiones a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La CCSS administra estos recursos que provienen de la Dirección General de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Para el 2024, hay disponibles ¢180.000 millones, pero se requieren al menos ¢210.000 millones para atender las necesidades de casi 150.000 personas en pobreza que reciben esta pensión. Un porcentaje importante de esos beneficiarios son adultos mayores, informó el gerente de pensiones, Jaime Barrantes Espinoza.
En estos momentos, hacen falta unos ¢8.000 millones más para cubrir la demanda anual. Si no se obtienen esos fondos, no se podrán dar nuevas pensiones, advirtió el gerente.
Barrantes señaló que en enero había 28.859 casos pendientes de resolver, de los cuales aproximadamente 11.000 estaban listos para ser asignados, pero la falta de recursos impedía proporcionar el subsidio solicitado. En promedio, estas personas deben esperar entre dos y tres años para obtener la ayuda.
Estos datos provienen de un informe anual presentado por la Gerencia de Pensiones sobre la ejecución del RNC, el cual es administrado por la CCSS. Según Barrantes, un 89,4% de los casos pendientes hasta finales de 2023 corresponden a personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.
Desde el 2019, informó Barrantes, el monto de pensión básica para el RNC es de ¢82.000 mensuales. Un 62% de los beneficiarios son adultos mayores.
Además, entre los casi 150.000 beneficiarios, hay 5.205 con parálisis cerebral que, hasta diciembre del 2023, recibían por mes ¢352.164, un monto que siempre se ajusta por costo de vida.
El gerente de Pensiones planteó sus inquietudes por el crecimiento en la demanda de pensiones del RNC.
“Es un tema en el cual el país debería profundizar para ver cómo se fortalecen los recursos para este régimen”, dijo Barrantes ante la Junta. Para él, el tema de envejecimiento y la transición demográfica, con muchos adultos mayores sin pensión, tiene un peso importante en la demanda.
Devolución
Esta situación se complica, advirtió el funcionario, porque están obligados a devolver ¢25.000 millones de los ¢46.000 millones que tuvieron como superávit en el 2023.
El superávit se logró por fondos transferidos, entre otros, por operadoras de pensiones. Sin embargo, se deben devolver esos ¢25.000 millones porque así lo obliga la ley cuando hay superávit.
Entre las opciones que se han planteado para enfrentar esta situación se incluye la posibilidad de no recibir nuevas solicitudes de pensión, en vista de que, por ejemplo, una persona que presente su petición hoy deberá esperar entre dos y tres años para tener una respuesta.
A pesar de que se dan 13.000 pensiones del RNC nuevas al año, la demanda duplica la capacidad, explicó Carrillo a los directivos, quienes no ocultaron su preocupación por los escenarios expuestos.
A los directores les preocupa la imagen de la institución frente a este escenario, que no es responsabilidad de la CCSS, según dicen, pues la institución lo que hace es administrar fondos.
“¿Qué pasará? Vamos a tener que negociar con Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) indicándo que le vamos a devolver los ¢25.000 pero necesitamos ¢8.000 millones como mínimo para completar la meta.
“Lo estaremos gestionando en estos días. Si nos dijeran que no es posible, es no tener más recursos para cumplir”, advirtió.
La sesión de la tarde de este jueves se realizó sin la presencia de la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, debido a problemas de salud que no trascendieron. Además, se llevó a cabo mediante la figura de funcionario de hecho ante la imposibilidad de tener el número de directivos suficientes para sesionar.