Las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja, el principal fondo de jubilaciones del país, serían reformadas el próximo año.
Para el IVM cotizan más de 1,4 millones de trabajadores. Este sistema beneficia, actualmente, a más de 224.000 pensionados.
No se descarta que los cambios impliquen eventuales ajustes en la edad de retiro, en el número de cuotas o en los beneficios para los jubilados, según ha sostenido antes la Junta Directiva de la Caja.
Para la nueva reforma se tomará como base un nuevo estudio actuarial contratado a la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyos resultados se esperan que estén listos entre agosto y setiembre de este año, informó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la institución.
La contratación con la UCR significará para la CCSS una inversión de ¢44 millones.
De acuerdo con el funcionario, lo que salga de ese estudio debe ser conocido por la Junta Directiva de la institución la cual, a su vez, debe trazar una estrategia de implementación de las reformas que recomienden los especialistas.
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En todo este proceso, dijo Barrantes, se tendrá el acompañamiento de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), experta en estas reformas en la región.
Serán tres profesionales en Ciencias Actuariales y Matemática los responsables del informe: el actuario Luis Barboza Chinchilla, y los matemáticos José Ramírez González y Rodrigo Arias López. El equipo tendrá la asistencia de dos personas.
Este estudio reemplaza el realizado por el actuario argentino Eduardo Melinsky, que no recibió el visto bueno de las autoridades de la institución. Este estudio fue contratado por la CCSS y la Supén, por $125.000.
"Teniendo el estudio en setiembre de este año, más otro proceso de ajuste y negociación (con diferentes sectores interesados en el tema) de ocho meses, a mitad del 2017 se tendría la aprobación de las medidas de mediano y largo plazo", dijo Barrantes esta mañana, tras la presentación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.
Uno de los cinco proyectos prioritarios que integran ese plan estratégico tiene que ver, precisamente, con la definición de una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
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Ya la CCSS había anunciado, en setiembre anterior, que le tomaría dos años realizar una nueva reforma de fondo después de la efectuada en el 2005.
Esas medidas de fondo tienen que ver con acciones que garanticen la sostenibilidad del régimen a mediano y largo plazo.
El año pasado, la Junta Directiva tomó decisiones sobre el IVM con efectos en el corto plazo. Entre ellas, la eliminación gradual de las pensiones adelantadas y el aumento del aporte estatal para el financiamiento de las pensiones mínimas.
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La institución ha reconocido, además, que explora otras posibilidades para invertir la reserva, que se calcula en $1,9 billones.
Estas opciones en estudio tienen que ver con la posibilidad de invertir en obra pública hasta un 10% de esos recursos, e invertir en el extranjero un máximo de un 1% de esos fondos.