¿Elevar la edad de retiro de 65 a 67 años? ¿Reducir el porcentaje de pensión de un 60% a un 40%?
Estas son dos de las preguntas clave que representantes patronales, estatales y laborales estaban discutiendo este lunes, a una semana de que venza la última prórroga para presentar una propuesta de reforma a las pensiones de la CCSS.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca) y quien asiste a las reuniones de la llamada mesa de diálogo, confirmó de que la frecuencia de las discusiones se incrementó de cara a intentar cumplir con la prórroga, que vence el martes 31 de octubre.
Esta semana, se reunirán de nuevo el jueves, y la próxima, probablemente lunes y martes, afirmó Chavarría, quien aclaró que los representantes laborales se oponen al incremento de la edad y a la reducción del beneficio; una posición contraria a la que, según el sindicalista, han planteado los voceros patronales y estatales.
"Todavía no se podría adelantar nada porque no hay una decisión tomada. Estamos en la etapa más difícil en estos momentos, cuando se habla de aumento de cuotas, de edad, de castigos por adelantar la pensión.
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"No queremos decir nada porque, de alguna u otra manera, queremos explorar posibles salidas", explicó Chavarría, quien atribuye la iniciativa de elevar la edad a la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Esta Superintendencia acude a la mesa de diálogo como parte de la secretaría técnica, la cual se ha encargado durante todo este tiempo de aportar los insumos actuariales y legales para fundamentar la discusión y la eventual toma de decisiones.
Además de la Supén, esa secretaría está integrada por técnicos de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), responsable del último informe actuarial en el cual se basó la Caja para iniciar el proceso de discusión de reforma.
La semana anterior, Luis Mesalles, uno de los tres representantes patronales en ese foro de discusión y vocero empresarial, confirmó a La Nación vía WhatsApp que "las negociaciones van avanzando", sin entrar en detalles.
Según dijo Mesalles, "si bien hay diferencias, todas las partes hemos mostrado interés en buscar acuerdos".
"Preferimos no adelantar criterio, porque todo está sobre la mesa, precisamente para dialogar. Esperamos tener el informe final listo para el 31 de este mes" (octubre), agregó.
Chavarría, por su parte, no descartó que se pueda pedir una nueva ampliación del plazo.
Temas medulares
La mesa de diálogo inició funciones el 3 de mayo con la intención de que sus representantes presenten a la Junta Directiva de la Caja una o varias propuestas de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Ese comienzo no estuvo exento de dificultades, pues varios de los representantes propuestos tuvieron que enfrentar críticas antes de asumir el cargo; especialmente, los candidatos de los patronos.
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Aunque se tenía programada una primera fecha de entrega de resultados para julio, esto no se logró por múltiples conflictos que se dieron a lo interno de la mesa y hasta en las calles, por decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS relacionadas con ajustes en las cuotas laborales al IVM.
Este régimen, que es el más importante del país –con 1,5 millones de contribuyentes registrados–, enfrenta desafíos según lo han planteado diferentes estudios actuariales.
El de la Escuela de Matemática de la UCR advierte que el sistema entrará en crisis alrededor de 2030.
Ese informe recomienda, entre otras cosas, elevar la edad de retiro (que podría subir de 65 a 70 años para quienes comenzaron a cotizar tarde), ajustar el número de cuotas para pensionarse y reducir el porcentaje del salario promedio que se recibirá como pensión en un futuro.
Los representantes patronales y laborales reconocieron, por separado, la existencia de diferencias en esta última fase del periodo de discusión.
"Nosotros (trabajadores) consideramos que no debe haber aumento de edad. Hay una pretensión de ver si se eleva a 67 años. Es solo una pretensión, pero para nosotros esto no es viable. Consideramos que no hay que pasarle la carga a los trabajadores.
"Lo otro que se ha planteado también es castigar un poco más el adelanto de las pensiones. Aquí sí podría haber algún espacio de discusión", advirtió Chavarría.
Decisiones en espera de reforma
Mientras se define la nueva reforma, la Junta Directiva de la CCSS ha ejecutado medidas para fortalecer el IVM en el corto plazo.
Por ejemplo, se tomó la decisión de aumentar la cuota obrera en un punto porcentual de julio pasado –cuando subió el primer 0,5 puntos porcentuales– a enero de 2018.
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Esto elevó el aporte de todos los trabajadores, quienes pasarán de cotizar un 2,84% de su salario mensual a contribuir con un 3,84% a partir del próximo año.
También al Estado se le elevó su aporte, pero hasta ahora Hacienda no ha cancelado el monto correpondiente al incremento.
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En el caso estatal, el incremento se decidió el 28 de julio del 2016, pero rige desde el 1.° de setiembre de ese año. Corresponde a 0,66 puntos porcentuales adicionales al 0,58 que el Estado venía pagando por cada trabajador.
La cuota quedó en 1,24 puntos porcentuales, pero el ajuste no ha sido cancelado hasta ahora.
También se acordó eliminar paulatinamente el retiro anticipado con penalización, creado en el 2005, y que permitía jubilarse a mujeres con 60 años y a hombres con 62 años y 300 cuotas reportadas.
En los cambios, la Junta Directiva de la Caja acordó un cronograma de eliminación paulatina del beneficio del retiro adelantado que finaliza en el 2018.
La última reforma importante al IVM se hizo en 2005. Incluyó, entre otras medidas, el aumento de las cuotas (se pasó de 240 a 300) y el cambio en la fórmula de cálculo, que en la actualidad estima los últimos 20 años laborados.