Parejas infértiles piden audiencia a defensora de los Habitantes

El objetivo de la cita es exponer a la defensora la situación en que se encuentra actualmente la fertilización in vitro en el país.

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Un grupo de parejas con problemas de fertilidad solicitó la mañana de este jueves una audiencia a la nueva defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.

El objetivo de la cita es exponer a la defensora la situación en que se encuentra actualmente la fertilización in vitro en el país. El grupo está a la espera de que el despacho de la defensora les confirme el día y la hora de la audiencia.

Según informó el abogado de las parejas, Hubert May Cantillo, a la defensora se le explicarán los alcances del incumplimientos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 28 de noviembre del 2012. Esa sentencia obliga al país a volver a autorizar la realización de esa técnica.

También, agregó May, se le pedirá apoyo para el proyecto de ley 18.824, con el que se regularía la fertilización in vitro en el país. Según informó el abogado, el proyecto ya está en el plenario legislativo luego de que se desecharan alrededor de 700 mociones que impedían su discusión.

El 10 de julio anterior, Hubert May, en representación del grupo, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar el incumplimiento del país de la sentencia. El resultado de esta gestión aún está pendiente, comentó el abogado.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la falta de avance del país para cumplir el fallo del 2012. En ese entonces, la Corte condenó al Estado costarricense por prohibir, en el año 2000, la práctica de la fertilización in vitro, al considerar que atentaba contra la vida del ser humano.