La Contraloría Genera de la República (CGR) detectó numerosas irregularidades en el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento en el Ministerio de Salud. Una de las más importantes: dar autorizaciones sin hacer siquiera una visita de campo para garantizar que la actividad que están aprobando no amenaza ni la salud de las personas ni el ambiente.
A ese ministerio le compete autorizar locales que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, los cuales están obligados a cumplir los requisitos que establece el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento.
Sin embargo, según lo descubierto por la Contraloría, en un 8% de los permisos que se dieron en el 2015 y hasta mayo del 2016, no se realizó la inspección previa a la aprobación.
Lo más grave es que ese 8% de los trámites corresponde a actividades de riesgo sanitario ambiental alto en una muestra que se tomó de 79 autorizaciones.
Según admitieron a la Contraloría los directores de las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS), no en todas las solicitudes para actividades de este tipo se hace inspección previa.
Como parte de las explicaciones que dieron esos funcionarios para intentar justificar esa situación, está la "confusión en el tipo de riesgo sanitario y ambiental del establecimiento".
También aseguran que, en algunos casos, "se trató de una renovación en la que ya constaba en el expediente administrativo la valoración físico sanitaria del establecimiento" por lo que se consideró innecesario hacer una inspección; y porque se estaban atendiendo otros asuntos prioritarios que no especificaron.
La Contraloría advierte que estas situaciones generan un riesgo porque se pueden estar autorizando locales que no cumplen con lo que establece la legislación para proteger la salud y el ambiente.
Revisión. Estos hallazgos son parte de un informe especial de la CGR, que revisó los mecanismos de transparencia en el otorgamiento de permisos sanitarios en el Ministerio de Salud.
El documento, del 22 de diciembre del año pasado, es el DFOE-SOC-IF-19-2016.
La Contraloría revisó una muestra aleatoria de 270 trámites entre el 1°. de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2016, 37 de las 82 DARS.
Aunque este informe fue presentado por la Contraloría a las autoridades de Salud a inicios de diciembre, William Barrantes Barrantes, director general de Salud, manifestó a La Nación el 13 de enero, por medio de la oficina de prensa, que no darían declaraciones porque lo habían recibido ocho días antes y "necesitaban analizarlo integralmente".
En el 2015, Salud dio 52.188 permisos sanitarios de funcionamiento por los que recaudó ¢1.306 millones.
En el primer semestre del 2016, dio 26.313 permisos y cobró alrededor de ¢945,5 millones.
A pesar del volumen de los fondos, la investigación detectó deficiencias en el registro de esos pagos.
Trascendió, por ejemplo, que la Dirección General de Salud y la Dirección Financiera de Bienes y Servicios no tienen controles cruzados de los depósitos bancarios.
Esta carencia, advierte la Contraloría, "afecta la transparencia puesto que no se tiene certeza sobre la confiabilidad y oportunidad de la información disponible acerca del monto percibido por este concepto".
Además, en 166 trámites de permisos se confirmó el pago de un monto inferior al establecido en la normativa.
Por ese fallo, el Ministerio de Salud dejó de percibir ¢2,7 millones.
Los funcionarios responsables justifican lo anterior en "errores involuntarios" y en la falta de "recurso humano suficiente".
Sin foliar. A lo anterior se suma el desorden en la composición de cada expediente.
En una muestra de 270, un 41% (111 expedientes) no se encontraban foliados; es decir, con las páginas correctamente numeradas e identificadas, lo cual representa un riesgo alto de que los documentos se extravíen, afectando la integridad de la documentación.
El Ministerio de Salud tampoco tiene una estrategia, programa e indicadores de transparencia y carece de mecanismos que aseguren la confidencialidad del denunciante en todos los casos que tramita.
Esto explica porqué es sumamente fácil para cualquier persona --incluido el denunciado-- conocer el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico dequien denuncia ante Salud cualquier irregularidad.
“Lo indicado fortalece el riesgo de que terceros, incluyendo la parte denunciada, puedan conocer la identidad y otros datos sobre los ciudadanos que interponen denuncias, lo que genera que se desincentive la interposición de estas y se potencie el peligro de represalia o persecución”, advierte el informe.
El ministerio atribuyó estas omisiones a la ausencia de un procedimiento para normar el resguardo de todos estos datos durante el trámite de la denuncia.
El orden no impera en lo básico. La Contraloría detectó que las DARS realizan el registro electrónico de los permisos sanitarios sin un protocolo estandarizado, "utilizando los campos que cada una considera convenientes".
En ese proceso, dejan de lado información relevante. "En la revisión de 66.071 registros de los trámites de permisos sanitarios otorgados por las DARS (...) se evidenció que el 81% de esos registros carece de información relacionada con, al menos, una de las siguientes variables: pago de servicios, fecha y número de solicitud, fecha y número de resolución, número de permiso sanitario y la vigencia y el tipo de riesgo sanitario ambiental del establecimiento", dice la Contraloría.