El Ministerio de Hacienda se compromete a encontrar una solución consensuada y definitiva a la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo aseguró la tesorera nacional, Martha Cubillo, al referirse a la resolución firmada por la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz Madrigal, y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, a finales de agosto.
Según la Gerencia Financiera de la Caja, la deuda estatal con la seguridad social superaba los ¢649.000 millones en agosto.
De esa cantidad, más de ¢637.000 millones corresponden al seguro de salud y más de ¢12.500 millones al seguro de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte. Algunos de los rubros, llevan pendientes de pago casi dos décadas, dijo Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS.
El documento, firmado por CCSS y Hacienda, crea una comisión técnica interinstitucional, que será responsable de determinar el método de cálculo, la actualización del monto del pasivo estatal y el diseño de los instrumentos de financiamiento y pago.
La firma de esa resolución mantiene dividida a la Junta Directiva de la Caja. Cinco de los nueve miembros de ese órgano colegiado le reclaman a Sáenz Madrigal haber firmado el documento sin consultarles antes.
“La iniciativa surge desde inicios de gobierno por parte de ambas instituciones, en atención a un compromiso de esta administración de apoyar a la CCSS”, informó Cubillo, mediante un correo electrónico, en el cual contestó varias consultas de este medio.
Proceso. De acuerdo con la tesorera nacional, el Ministerio de Hacienda ha venido honrando las deudas con la CCSS.
“Entre 2009 y 2014, el monto pagado por deudas documentadas de periodos anteriores supera los ¢313.494 millones. Además, se mantienen al día las obligaciones del periodo anual: cuota obrera, cuota patronal, cuota estatal, pensiones no contributivas, asegurados por el Estado, privados de libertad y otras contribuciones especiales”, explicó Cubillo.
La funcionaria aseguró que el monto de esa deuda no existe contablemente en Hacienda.
“Solo la registra la CCSS. A la fecha, Hacienda no ha dado aceptación definitiva. Lo que se busca ahora es que, por consenso, se dé una aceptación definitiva y formal a esta deuda”, dijo la tesorera.
La presidenta ejecutiva de la Caja rebatió el malestar de varios directivos de la CCSS por la firma del compromiso.
“La energía es ponernos de acuerdo (Hacienda y CCSS): estos son los montos, estos son los instrumentos y los mecanismos.
”Ahí hay que sentarse a ver realmente el espíritu de la ley, definir cuál es el monto total y empezar a hacer los cobros respectivos y los procesos de pago”, aseguró Sáenz, en entrevista con este medio.
Transparencia. La diputada y presidenta del Partido Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos, respaldó la posición de los tres representantes laborales ante la Junta Directiva de la Caja, dos de los cuales se oponen a la resolución firmada con Hacienda.
“Tienen razón de exigir a María del Rocío (Sáenz) que consulte cualquier documento con ellos, que son representantes del sector beneficiado con el seguro social.
“Si hay una institución que está en el centro del bienestar social de este país es la CCSS. Yo estoy convencida de que esa deuda se debe pagar, porque si no puede haber una catástrofe financiera y la ciudadanía costarricense no podría aceptar”, agregó la congresista.
Mora aseguró que el Frente Amplio tiene varios proyectos de ley en la corriente legislativa enfocados en facilitar el cobro de la deuda estatal con la CCSS y sanear las finanzas de esa institución.
Por su parte, el parlamentario del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, está de acuerdo con un nuevo diálogo, pero sin lo que denominó como el “efecto engaño”, que se ha prolongado por mucho tiempo.
“Que el pago no sea con papeles o que si entregan títulos valores, estos se puedan transar para eliminar la deuda”, dijo el legislador.
Según Guevara, la CCSS debe estar dispuesta a no recuperar todo, pero lo que se pague, que sea de verdad.
La Nación intentó localizar a los jefes de bancada de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC), pero no fue posible que ninguno devolviera las llamadas a los mensajes. Colaboró la periodista Irene Vizcaíno.