La orden del Ministerio de Salud de cerrar el relleno sanitario Los Pinos, en Dulce Nombre de Cartago, quedó en suspenso por una medida cautelar que acogió el Tribunal Contencioso Administrativo.
La gestión judicial fue planteada por la empresa WPP Coriclean, como confirmó Salud, este lunes, en un comunicado.
Con la decisión, se frena por ahora el cese de operaciones que estaba previsto para la semana pasada, por lo que se continuará con la recepción y tratamiento de residuos de los cantones de El Guarco y Paraíso, así como de los distritos de Tucurrique y Cervantes.
“Seguimos preocupados pero, mientras se resuelve este asunto por el fondo, espero que Salud y la empresa resuelvan sus diferencias y esperamos que pronto. El propio Ministerio había dicho que Los Pinos podía operar cinco años y por eso, reitero, espero que pronto se pongan de acuerdo”, declaró Carlos Ramírez Sánchez, alcalde de Paraíso.
El alcalde estimó que, entre Paraíso y Tucurrique (donde Paraíso brinda el servicio de acarreo de los residuos), habría unas 60.000 personas afectadas.
El jerarca municipal manifestó la semana pasada que la decisión de Salud le tomó por sorpresa pues, en mayo anterior, ese ayuntamiento adjudicó a WPP Coriclean un contrato de servicio por un año más luego de que la empresa lograra que Salud le extendiera su permiso de funcionamiento por cinco años.
Razones de Salud
Según el comunicado de prensa de Salud de este lunes, la empresa informó en octubre de que sus instalaciones actuales para recibir residuos sólidos ya no tienen suficiente capacidad para seguir operando, por eso deseaban habilitar en el sector este del relleno sanitario un espacio para continuar con sus operaciones.
No obstante, explicó el Ministerio, este sitio se encuentra sujeto a restricciones impuestas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Su postura es que la empresa haga los ajustes necesarios como condición para abrir ese sector.
El Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo, ordenó al Ministerio no cerrar el relleno porque esto podría provocar afectaciones comerciales.
“Ahora resulta que esta decisión que tomamos a partir de criterios técnicos y pensando en la salud pública, según la autoridad judicial, representa un perjuicio al giro del negocio de la empresa operadora. Verdaderamente, me preocupan este tipo de decisiones que podrían comprometer la salud de la población”, aseveró en el comunicado la jerarca de Salud, Mary Munive Angermüller.