Max, el zaguate que mordió a un niño de 10 años, no será sacrificado, sino que tendrá la oportunidad de recibir rehabilitación para cambiar su conducta.
Así lo confirmó a La Nación el el director de la región metropolitana del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Allan Sánchez, y agregó que la familia dueña del animal ya fue notificada.
Esta decisión da un giro total a una opción que se barajó en un primer momento y que desató un polvorín , principalmente en redes sociales: la eutanasia.
Sánchez admitió que la muerte del animal era una opción, aunque no la prioritaria: “Un etólogo (especialista en comportamiento animal) realizó un diagnóstico y presentó un informe clínico en el cual determinó que el perro presentaba una agresividad ofensiva, especialmente, contra niños. Había varias opciones: reubicación, rehabilitación, adiestramiento y educación de la familia y la eutanasia”.
Sánchez aclaró que se trata de un profesional avalado por Senasa, pero externo a la institución que dio servicios ad honorem .
Posteriormente, explicó Sánchez, Senasa se puso en contacto con otros expertos que ofrecieron sus servicios para el adiestramiento y rehabilitación del perro, con el fin de corregir su conducta agresiva. Estos profesionales también son externos a Senasa y ya iniciaron con el proceso.
Según Sánchez, la resolución administrativa de Senasa fue emitida ante dos solicitudes que planteó la familia dueña de Max para asumir ellos la rehabilitación.
“En la resolución, se establece que Senasa acepta la solicitud; sin embargo, la familia debe comprometerse a entregarnos un contrato en el que se destaque el nombre y los atestados debidamente comprobados de la persona que se hará cargo de la rehabilitación”, dijo.
También se debe especificar el plazo del adiestramiento, el programa de trabajo y el lugar en donde se realizará. De aprobarse el tratamiento para Max, el costo deberá ser asumido por sus propietarios.
La familia tiene cinco días hábiles (a partir de lunes 7 de octubre) para presentar esos requisitos. La Nación intentó hablar con la familia propietaria de Max – Luzmilda Marchena y Édgar Sibaja– pero este último declinó referirse al caso pues, dijo, su familia está muy afectada.
Su abogado, Ronny Guevara, dijo que la resolución será apelada por ser, según su criterio, “completamente antijurídica.
La apelación cuestiona la competencias profesionales del experto que hizo la valoración inicial de Max, así como el diagnóstico en sí mismo.
“Si esa persona es la que creemos, no está incorporada ni al Colegio de Veterinarios ni al Colegio de Biólogos. Está en trámite la equiparación del título por lo que significa un ejercicio ilegal de la profesión y un nombramiento ilegal de Senasa”, afirmó.