Manuel era vecino del barrio Corales, en Limón. Trabajaba como conductor de ambulancia para sostener a su familia. El 26 octubre de 2009, cuando tenía 38 años, acudió al Hospital Tony Facio Castro por un dolor en la espalda. Allí le diagnosticaron un cólico renal ureteral (obstrucción en vías urinarias), le programaron exámenes de rayos X y le agendaron una cita para diez días después.
Ante el avance del dolor, Manuel volvió al Servicio de Emergencias de ese centro médico. Una vez más le diagnosticaron un problema renal, le recetaron tramal, un opioide utilizado para aliviar dolores intensos, y lo enviaron a su casa.
Según el expediente judicial 10-003794-1027-CA, la escena se repitió más de 20 veces entre noviembre y diciembre de 2009. El 20 de diciembre, las cosas empeoraron. Manuel se presentó de nuevo al hospital limonense, pero esta vez experimentaba “calambres en miembros inferiores de forma súbita”; ese mismo día sus piernas dejaron de funcionar.
En 2010, Manuel y su familia empezaron una disputa contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por mala praxis. La sentencia en firme llegó hasta 2020, cuando tenía seis años de fallecido.
De acuerdo con el historial clínico del paciente, no fue sino hasta el 21 de diciembre de 2009, un día después de perder la movilidad de sus piernas, que lo refirieron al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para una atención médica más profunda.
Por estos hechos, el Tribunal Contencioso Administrativo condenó a la CCSS a pagar ¢102 millones por daños y perjuicios. Esa cifra forma parte de los ¢855 millones que la entidad tuvo que desembolsar por errores o faltas de sus médicos o enfermeros entre 2018 y 2022.
La historia de Manuel y los datos expuestos forman parte de una investigación de La Nación que incluyó la revisión de estadísticas de CCSS y del Poder Judicial, sentencias, recursos de apelación, archivos de procedimientos administrativos, reglamentos y entrevistas a médicos, especialistas y víctimas.
Solo medicamento para el dolor
Según consta en la sentencia judicial, en el Hospital Tony Facio se limitaron a recetar medicamentos para tratar de aliviar el dolor que sufría Manuel. No fue hasta su traslado a San José que lo examinaron a profundidad.
El 29 de diciembre de 2009, el enfermo fue sometido a una cirugía y una biopsia mediante la cual le detectaron osteomielitis vertebral, un proceso inflamatorio poco frecuente que afecta la estabilidad corporal y puede ocasionar daño neurológico si no se atiende rápido.
A pesar de la intervención quirúrgica, Manuel quedó parapléjico por el resto de sus días.
Además de lidiar los últimos años de su vida con un pulso contra la CCSS, los juzgadores acreditaron que el hombre enfrentó problemas emocionales producto de su nueva condición física y quedó atado a los servicios de la Clínica del Dolor.
Como argumento en su defensa, los abogados de la CCSS manifestaron que al paciente “nunca se le denegó el servicio médico en urgencias”. Además, expusieron que la atención “fue diligente y acorde a los parámetros médicos preestablecidos”.