La primera Ley Nacional de Salud Mental de Costa Rica sigue sin la firma del presidente Rodrigo Chaves Robles dos meses después de que los diputados aprobaran la nueva normativa de forma unánime, y mientras el país vive una crisis de trastornos mentales y del comportamiento que solo el año pasado causó 429 muertes por suicidio.
La firma es necesaria para que esta nueva ley se publique en el diario oficial La Gacetay entre en vigor. Esta publicación es el punto de arranque para comenzar a elaborar el reglamento, que será más específico sobre los alcances, responsabilidades y tareas que competen a los diferentes actores involucrados.
La diputada liberacionista Andrea Alvarez, quien impulsó el proyecto en esta legislatura bajo el expediente 22.430, confirmó a La Nación que la iniciativa de ley aprobada por unanimidad el 17 de octubre anterior sigue sin la firma presidencial.
Alvarez conversó sobre este tema con La Nación el 11 de diciembre. Ese día la diputada dijo que había consultado una semana antes y que la firma aún seguía pendiente.
Este medio consultó el jueves en la mañana a la oficina de prensa de Casa Presidencial sobre los motivos del atraso y si existe una fecha probable para que se firme la nueva ley, pero al cierre de esta nota no habían contestado, a pesar de que se les recordó la consulta con dos mensajes de WhatsApp.
Hace 11 días, también se solicitó por medio de la oficina de prensa una entrevista sobre este tema con algún vocero del Ministerio de Salud pero tampoco se pudo conversar con alguien.
“Es necesario que (la ley) se firme para que a partir de ahí se pueda reglamentar. El reglamento le corresponde al Poder Ejecutivo. Esperaría que (su elaboración) se le asigne al Ministerio de Salud.
“Ya teniendo un reglamento, nuestra labor desde la Asamblea Legislativa sería desde el control político y velar por su debido cumplimiento para que no se quede en el papel”, dijo la legisladora verdiblanca.
Dos de los grupos que más han impulsado este proyecto son el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Psiquiatría.
El presidente del Colegio de Psicólogos, Ángelo Argüello, manifestó su sorpresa al conocer que esta ley sigue sin firmar dos meses después de aprobada.
“¡Hombre! Yo pensé que esto se iba a firmar a la semana siguiente, sobre todo porque fue de aprobación unánime. Yo no tengo la más mínima idea (de por qué no se ha firmado). Espero no llevarme un baldazo de agua fría y que, por alguna razón, el Poder Ejecutivo esté pensando vetarla.
“No sé qué ha atrasado tanto. Es una ley muy pequeñita y bastante concreta. No tiene una complejidad política, económica, internacional ... ¡No sé, no sé!”, manifestó extrañado Argüello, quien reconoció que durante todo el proceso hubo mucho interés y apoyo de las ministras de la Presidencia y Salud, Natalia Díaz y Mary Munive, respectivamente.
Francisco Golcher Valverde, presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría, también desconocía el atraso en la firma presidencial.
“Se supone que ese trámite lo debe promover la ministra de Salud en Leyes y Decretos de Casa Presidencial. Nosotros sí estamos esperando la rúbrica para iniciar el proceso de reglamentación de la ley”, confirmó Golcher.
El psiquiatra y Argüello pusieron a sus organizaciones a disposición para el momento en que se empiece a elaborar el reglamento.
“Ahora mi sueño de Navidad es que firmen la ley para tenerla en los primeros seis meses del 2024 y hacer pronto la reglamentación”, agregó Golcher.
La diputada Andrea Álvarez dijo que la elaboración de un reglamento se espera que se haga en tres meses, pero en la práctica ese plazo se supera con creces.
¿Por qué es importante esta ley?
La nueva Ley Nacional de Salud Mental fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa el martes 17 de octubre. Contó con el voto unánime afirmativo de los 44 congresistas presentes en el plenario.
Una de sus mayores fortalezas es que facilitará la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos como la ansiedad y la depresión desde las comunidades.
Se trata de una ley marco que plantea la ampliación del número de instituciones obligadas a trabajar para una adecuada atención a las personas que lo requieran. También fortalece la Secretaría Técnica de Salud Mental, del Ministerio de Salud, como un órgano técnico de apoyo integrado por personas de distintos gremios.
Andrea Álvarez destacó el capítulo dedicado a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, pues se convierte en una herramienta para que puedan demandar una mejor atención.
“A mediano plazo, se debería ver un aumento en la calidad de la atención y en la calidad de vida. Desde la perspectiva de la ciudadanía, le da más herramientas a la población para poder demandar sus derechos en la vía judicial”, dijo la diputada.
Francisco Golcher reconoce que la ley es un primer gran acercamiento, bastante bueno dijo, para definir qué podemos entender por salud mental.
Además, añadió, hace referencia a los principios de evitar el estigma y la discriminación, algo que está muy generalizado cuando se habla de trastornos mentales y del comportamiento.
Costa Rica, como muchos países del mundo, enfrenta una crisis de problemas mentales y de conducta cuya atención se ve perjudicada por las listas de espera en especialidades como Psiquiatría.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al 31 de agosto anterior, 12.123 enfermos debían esperar, en promedio, 191 días (6,3 meses) para consultar con un psiquiatra por primera vez.
Un paciente en crisis por tener pensamientos suicidas o intentar quitarse la vida no puede esperar los más de seis meses que, en promedio, tarda un hospital de la Caja para dar la primera cita con el médico psiquiatra.
Solo el año pasado, 429 personas murieron por suicidio en Costa Rica. Es la cifra más alta de la última década, según el Ministerio de Salud. A la semana epidemiológica 41, que cerró el 14 de octubre pasado, los casos notificados por intento de suicidio llegaron a 3.143.