La disposición de los desechos sólidos en la gran área metropolitana de Costa Rica (GAM) está en una situación crítica y no se vislumbran soluciones a corto plazo. Esta es una denuncia que realizó la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, la mañana del 12 de febrero ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
“Estamos ante una emergencia sanitaria; debemos tomar decisiones rápidas y concisas, con tiempos establecidos”, advirtió Chacón en la comparecencia que realizó de manera virtual.
La exjerarca manifestó que durante su gestión recibió denuncias de vecinos y de asociaciones de desarrollo de comunidades donde se ubican los rellenos de La Carpio y El Huazo por malos olores, contaminación sónica y de lixiviados (líquidos que se forman con los residuos y que se vierten en el ambiente).
Su temor, dijo, es que si no se buscan otras soluciones, se rebase la capacidad de los rellenos sanitarios actuales y estos se conviertan en vertederos. El agotamiento de los rellenos sanitarios ya se había denunciado en el 2021, y llevó a las autoridades de salud a incentivar el reciclaje.
A esto se le suma que el relleno de Los Pinos, en Cartago, también cumplió con su vida útil y en los últimos meses ha sido centro de una controversia con el Ministerio de Salud.
“Para mí hubiera sido fácil decir ‘cerremos aquí', pero no puedo llegar y cerrar sin tener un plan de contingencia, porque vamos a encontrar basura en cada esquina”, declaró.
Eugenio Androvetto Villalobos, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud añadió que los residuos también se biodegradan y eso produce gases, lixiviados y se hacen asentamientos que pueden aplastar las tuberías. Por eso, es importante la fiscalización constante. Añadió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le ha pedido al país migrar a un modelo que use menos los rellenos sanitarios y utilice más formas de compostaje, reciclaje y la transformación de los desechos en energías.
Fabricio Umaña Calvo, ingeniero de la Región Central Sur, donde se ubican los rellenos de la Uruca (La Carpio) y Aserrí (El Huazo) confirmó que, mientras al primero le quedarían tres meses de vida útil, el segundo tiene 11 años más. A este último la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena), le alargó la vida útil en 2014.
El ingeniero indicó que en el reglamento no se establece restricción de volúmenes de entrada de la cantidad de desechos a diario, ya que de no permitir el ingreso de residuos el problema se haría peor.
Ante consulta de los legisladores, Androvetto dijo que si La Carpio cerrara, se pondría más presión sobre los rellenos restantes, no necesariamente sobre El Huazo, porque esto dependería de los contratos de las municipalidades con las empresas.
Para la situación, añadió la exjerarca, no hay soluciones próximas. Se vio una opción en Turrúcares (Alajuela), pero problemas con el plan regulador impide a la Municipalidad de Alajuela desarrollar un relleno en esa finca. También se consideró una posibilidad en El Rodeo (Jateo de Mora), pero tras la muerte del propietario, se desconocía quién quedó a cargo de la finca. De esta forma, ninguna propuesta se ha podido concretar en los últimos 20 años.
Otra opción se vio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), que con plasma podría destruir la basura. Esto ya se hace con desechos hospitalarios en el Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, Chacón adujo que el Tec requeriría unos $500.000 (más de ¢250 millones) para la puesta en marcha. Adujo que esto quedó en manos de la actual ministra de Salud, Mary Munive Angermüller.
Denuncian amenazas de EBI
Durante la comparecencia, Chacón también denunció supuestas amenazas de la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., quien opera los rellenos de El Huazo, La Carpio y el de Tomatal, en Limón. Ella indicó que estas se iniciaron cuando ella comenzó a atender las denuncias de los vecinos.
Aunque la comparecencia tenía como objeto hablar de la gestión de residuos en la GAM, ella contó que los primeros problemas los encontró en el relleno de Limón, donde se denunciaron malos olores. Cuando recibió quejas de los vecinos de la Uruca, Desamparados y Aserrí, indagó más y comprobó, según afirmó, que la situación era peor que la limonense.
“En Desamparados, los vecinos sufren mucho, y ni para qué decir de La Carpio. Cuando llueve se desbordan los lixiviados y eso cae al agua. Estaba encima del gerente para solucionar, pero realmente era complicado”, expuso.
La exjerarca manifestó que, luego de escuchar los reclamos de vecinos y asociaciones de desarrollo, acudió a inspeccionar los rellenos sanitarios y pidió ayuda a diputados y al Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se pidieron estudios más a fondo.
“Esto generó molestia en la empresa, que me mandó una carta”, relató.
En la carta enviada a Chacón, EBI señaló que no se había recibido respuesta de las inspecciones de los organismos internacionales. Se dijo que si se notaba alguna “inusual actividad de persecución por parte de alguna institución del Estado en contra de todos o algunos proyectos” se procedería a activar una cláusula arbitral compromisoria en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá.
La exjerarca se defendió: “No tengo algo en contra de la empresa. Siempre busqué la forma de mejoras. Lo que sí es que desgraciadamente era la que más reclamos recibía. (...) No es que uno quiera afectar a la empresa, pero mi obligación era que se generaran la menor cantidad de problemas para la población vecina”.
En la misiva EBI también responsabilizó a la población, al afirmar que “cada cuatro años, con cada cambio de gobierno, un grupo de personas detractoras” de sus proyectos se acercan a los nuevos jerarcas para “darles conceptos erróneos”.
Según el documento, para la compañía, la retórica de los vecinos es hablar mal de los proyectos. “Inician una campaña de visitas a los ministerios y hasta Casa Presidencial, para poner en mal Io que se ha hecho en el tema de gestión, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios”, señaló la empresa. La firma calificó la situación como “desgastante e injusta”.
La exministra, afirmó que pese a las quejas de EBI a esta empresa se le daban permisos.
La Nación intentó ponerse en contacto con Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de Berthier EBI de Costa Rica, mediante un mensaje a su correo de empresa y llamadas telefónicas a números registrados a su nombre, pero no hubo respuesta.