Grupos exigen a autoridades de Salud hacer aborto terapéutico

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Grupos de defensa de los derechos de las mujeres exigieron ayer a las nuevas autoridades de Salud la práctica del aborto terapéutico.

Durante una manifestación frente a la sede del Ministerio de Salud, alegaron que desde el 2009 los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen la “Guía técnica de atención para la interrupción terapéutica del embarazo”, pero no la aplican.

Las dirigentes argumentaron durante la concentración que el aborto terapéutico está contemplado por la legislación costarricense.

“Exigimos un protocolo para cumplir el artículo 121 del Código Penal, que establece el aborto terapéutico o aborto impune cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer. El personal no lo practica porque se siente amedrentado”, dijo Larissa Arroyo Navarrete.

Arroyo es activista de la organización Colectiva por el Derecho a Decidir, una de las que organizaron la protesta en San José.

“Este protocolo no es para todas las mujeres; es solo para aquellas que tomen la decisión de interrumpir el embarazo por causas médicas. Ellas y el personal de salud deben saber que están amparados por la ley”, agregó la dirigente.

Paola Zeledón Muñoz, del Nuevo Partido Socialista Las Rojas, explicó que ya se han llevado dos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la no aplicación de la normativa.

Zeledón agregó que la concentración de este miércoles fue solo un paso hacia un propósito mayor: la presentación de un proyecto para permitir el aborto en el país.

Adrián Barrientos Esquivel, coordinador de programas de la Asociación Demográfica Costarricense, señaló que el aborto clandestino es uno de los temas que se deberá discutir aquí algún día.

La ministra de Salud, María Elena López, declaró que su despacho escuchará esas demandas.

“Tenemos toda la intención de identificar los puntos que ellas reclaman para ver si es posible darles respuesta en el menor tiempo posible”, dijo López, quien se comprometió a hablar con la CCSS y prestadores privados del servicio.