Dieciocho personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se libraron de ir a juicio por presuntas irregularidades en aumentos de sueldos y crecimiento de la planilla de la institución, ocurridas entre 2008 y 2009.
Así lo decidió la jueza penal de Hacienda Andrea Rodríguez Segura, el 10 de mayo anterior, cuando dictó el sobreseimiento definitivo para todos los implicados en la causa.
La resolución integral del caso, que se tramitó bajo el expediente 12-000046-0615-PE, fue notificada este 19 de junio a los involucrados, confirmó a La Nación quien fuera gerente financiero de la CCSS hasta su salida por este caso en el 2011, José Alberto Acuña Ulate.
En el grupo, además, están los expresidentes ejecutivos de la Caja, Eduardo Doryan Garrón e Ileana Balmaceda Arias, los exgerentes Gustavo Picado Chacón (actualmente separado por otros asuntos de la Gerencia Financiera), Dinorah Garro Herrera y Manuel Ugarte Brenes, y el actuario Luis Guillermo López Vargas.
La lista la completan Iván Guardia Rodríguez, Carlos Montoya Murillo, Sara González Castillo, Álvaro Vega Rojas, Christian Hernández Chacón, José Luis Quesada Martínez, Yorleny Madrigal Mora, Jorge Chavez Muñoz, Eugenio Trejos Lobo, Édgar Cabezas Solera y Roy Retana Mora.
La sentencia, de la cual tiene copia La Nación, justifica el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por los delitos de fraude de ley e influencia contra la hacienda pública, además de falta de precisión y claridad en la acusación.
“(...) se considera que la acusación no cumple con los requisitos, se echa de menos una relación de hechos precisa y circunstanciada, la cual violenta el principio de imputación, no se realiza una individualización de las acciones desplegadas por cada uno de los imputados (as) en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de este lo que genera una incapacidad de poder encuadrar los hechos en las calificaciones legales otorgadas dentro de la pieza acusatoria”, argumentó la jueza.
El sobreseimiento definitivo, además, se fundamenta en que, a criterio de la juzgadora, la prueba ofrecida no arrojó el grado de probabilidad para llamar a juicio. Lo atribuye a que el Ministerio Público no fue capaz de describir la acción ilícita atribuida a cada uno de los involucrados.
La audiencia preliminar por este caso se realizó en el Juzgado Penal de Hacienda, en enero pasado, luego de la cual se tenía que decidir si se elevaba a juicio o no.
Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción también fue notificada este lunes, por lo cual ya inició el nálisis para determinar si procede o no interponer un recurso de apelación.
Más de una década
Las supuestas irregularidades que les atribuyó la Fiscalía a estas 18 personas se dieron a conocer por una denuncia presentada en el 2012 por Daniel Muñoz, economista que laboraba en la Caja.
Según él, la crisis de liquidez que enfrentaba la entidad desde 2008 fue causada por un supuesto “maquillaje” de datos sobre salarios institucionales.
Muñoz señaló que, con base en esa información, la Junta Directiva aprobó un proyecto de política salarial que incluía romper el tope de la cesantía de 12 a 20 años.
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Estos jerarcas fueron señalados por los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
En el 2019 había trascendido que, en apariencia, estas personas habían aprobado aumentos a los empleados de la CCSS por encima de la inflación, como sería el caso del ocurrido en el 2009, cuando los entonces 42.885 trabajadores recibieron un incremento salarial del 6,9%.
Como resultado de la aprobación de esos beneficios laborales y aumentos salariales se generó un incremento de los gastos de la CCSS de ¢241.093.767 millones en el 2006 a ¢593.814.650 millones en el 2010. El incremento de plazas tuvo un costo de ¢58.024.6 millones.
José Alberto Acuña Ulate dijo a La Nación que ellos esperaban la desestimación definitiva de la causa la cual, a su criterio, se fundamentó en hechos que no eran reales.
“Todos estábamos confiados en que la jueza valorara la prueba en contra de lo dicho. Los hechos por los que nos acusaron fueron la causa de que me pidieran la renuncia en el 2011, y me cortaran el nombramiento como gerente financiero de una forma arbitraria”, dijo Acuña, quien interpuso un juicio laboral que ganó el año pasado y por el cual la CCSS tendrá que indemnizarlo.