Mario Cajina Chavarría, director del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acusó a la Auditoría Interna de esa misma institución, de un aparente acoso laboral.

El reclamo de Cajina se debe a que los auditores lo llamaron el 12 de febrero —día que gozaba de vacaciones— para realizarle una entrevista sobre el avance de las tres investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en compras urgentes de mascarillas.

“Debo denunciar que desde el jueves 11 de febrero he sido víctima de un acoso sin medida por parte de funcionarios de la Auditoría, quienes, prácticamente, me hostigaron el día viernes 12 de febrero encontrándome de vacaciones y, no contentos con citarme en dos horas diferentes para una entrevista que no se realizó, finalmente optaron por trasladarme un cuestionario de preguntas el viernes a las 4:57 p. m., para que les fueran entregadas el día sábado, lo cual es totalmente atípico”, expresó Cajina en un escrito enviado a la Junta Directiva, el 15 de febrero.

En ese documento, el funcionario añadió: “Me reservo el derecho de acudir a las vía judiciales correspondientes con el fin de demandar la responsabilidad personal de esos funcionarios”.

En la actualidad, el CIPA enfrenta un proceso de intervención por la supuesta dilación de las investigaciones contra 13 funcionarios cuestionados por la adquisición de las mascarillas durante la pandemia ocasionada por la covid-19.

Además, Cajina fue separado de su cargo el viernes anterior, durante dos meses, como medida cautelar, mientras una comisión interventora realiza un informe sobre el trabajo realizado por la unidad a su cargo.

Instrucciones de la CCSS

Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS, rechazó lo expuesto por Cajina y afirmó que buscaron al director del CIPA porque era necesario cumplir con instrucciones giradas por la Junta Directiva de la Caja.

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“Debemos decir al respecto que nosotros cumplimos con una instrucción de la Junta Directiva, que es el órgano máximo de la institución; solicitaron a la Auditoría Interna una evaluación sobre el estado de los procesos disciplinarios llevados por el CIPA, ese mandato se nos da el 11 de febrero y se nos pone como plazo de entrega el 15 de febrero.

“En consecuencia, teníamos dos días hábiles para preparar ese comunicado de la Auditoría, eso nos lleva a tener que trabajar, no solo el viernes (12 de febrero), sino el sábado y el domingo y el lunes hasta las diez de la noche”, manifestó Sánchez.

“No puedo aceptar bajo ninguna circunstancia el calificativo de que haya existido acoso u hostigamiento laboral porque yo me cercioré de que se haya tratado al señor Cajina como a cualquier otro de los auditados, con cortesía, respeto y amabilidad”, agregó el auditor.

Enfatizó que los funcionarios que ocupan puestos como la dirección del CIPA reciben pagos de pluses como disponibilidad, prohibición y otros para que estén a disposición cuando se les requiera.

El viernes pasado, en una entrevista con este diario, Cajina admitió que la llamada recibida por parte de Auditoría no configura una conducta de acoso laboral.

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¿Si una llamada no es acoso laboral por qué advirtió de demandas judiciales en el escrito enviado a la Junta Directiva?, se le consultó.

Ante lo cual respondió: “Porque me molestó, consideré que había un ejercicio abusivo y poco responsable al no recibirme en las horas o momentos que se me indicó, porque yo nunca he rehusado a dar información, toda la información la he dado y me pareció que estaban jugando conmigo, eso fue lo que se dio”.

Admite error

Sobre la postergación de las audiencias orales relacionadas con las investigaciones contra los 13 funcionarios cuestionados por compras de emergencia durante la pandemia, Cajina aceptó que fue un error señalar que se convocarían hasta que cesaran las restricciones y medidas de distanciamiento.

Explicó que, desde el 1°. de setiembre, emitió una directriz para realizar audiencias bajo protocolos sanitarios. Sin embargo, a la hora de notificar a las 13 personas se les dijo que los convocarían cuando “cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19″.

“Ya había medidas sanitarias y lo que había que hacer era decirle a los investigados: ‘Mire, tenemos una serie de directrices institucionales en materia de covid, pero ya hay protocolo de medidas sanitarias para la realización de audiencias en el CIPA”, subrayó el funcionario.

No obstante, según Cajina, ninguno de los procedimientos disciplinarios estaba listo para convocar a audiencias orales, por lo que no se puede manifestar que hubo dilación indebida.

A pesar de la identificación del error, hasta la semana anterior, la dirección del CIPA no había tomado medidas para sentar responsabilidades sobre los abogados encargados de esas pesquisas.

Por último, aseguró que la Gerencia General siempre estuvo enterada de que la Junta Directiva de la Caja era el órgano decisor.

“Nunca ha existido algún tipo de ocultamiento o de que alguien no conociera algo (...). Ahora aparecen personas rasgándose las vestiduras, diciendo que hubo extralimitaciones de competencias y diciendo que ellos no conocían y eso es totalmente falso”, concluyó.