El crecimiento exponencial del número de enfermos de diabetes, males cardiovasculares o cáncer, encarece cada vez más los servicios de salud y crea un gran desafío financiero para quienes los administran.
Las llamadas 'enfermedades no transmisibles', entre las que destacan las tres anteriores, generan no solo un impacto significativo en las finanzas de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sino también en los bolsillos de las familias debido a los gastos extras para cubrir los cuidados de estos pacientes.
Según Enrique Pérez Florez, especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) –brazo en las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, a nivel global esas y otras enfermedades no transmisibles generan un costo de $47 trillones por su impacto en la reducción en la oferta laboral, la baja en la productividad de los trabajadores y un aumento en los costos de atención para los sistemas de salud.
Pérez Flores fue uno de los expositores durante el cierre del foro 'Sostenibilidad del Seguro de Salud', organizado por la Caja entre el 19 y 20 de marzo.
Esta institución está en proceso de elaborar una política para garantizar el funcionamiento para las próximas décadas del seguro a cargo de la atención de los riesgos de enfermedad y maternidad.
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El gerente financiero de esa institución, Gustavo Picado Chacón, informó de que en las próximas semanas se presentará a la Junta Directiva una propuesta de política con un plan de acción para fortalecer la capacidad de acción de este seguro.
En este proceso se ha venido trabajando en los últimos dos años, luego de que la CCSS logró superar la crisis financiera que la afectó entre 2010 y 2012, y que la obligó a paralizar las inversiones en infraestructura, equipo y personal hasta hace pocos años.
Salud es uno de los dos seguros que administra la CCSS. Maneja más de ¢2,4 billones del presupuesto anual de la institución (de un total de ¢3,7 billones para 2018).
El otro es el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyo monto anual de presupuesto es de poco más de ¢1,1 billones (el aporte salarial tripartito para esta cobertura es del 10,16%).
También es responsable de administrar el Régimen No Contributivo (RNC), a cargo de las pensiones que reciben los más pobres (más de ¢155.000 millones presupuestados para el 2018).
Presión sobre el sistema
Según Pérez Flores, en América Latina y el Caribe hay más de 41 millones de personas con diabetes mellitus.
El reto para todos los países de la región, dijo, es integrar a todos los sectores para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, de cara también al cumplimiento de la llamada agenda 2030.
A la presión de esos padecimientos, se suma el incremento en los costos por la incorporación de las nuevas tecnologías en salud, y la tendencia creciente en las demandas judiciales de pacientes, por los problemas de calidad de los servicios.
Costa Rica está entre los países de la región con más demandas ante órganos constitucionales, junto con Colombia, Argentina y Brasil, informó Conrado Gómez Vélez, especialista de la Organización Internacional de Seguridad Social (OISS), invitado al foro.
Según dijo Conrado, "la litigiosidad en el campo de la salud va en aumento. Es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos de la población en las prestaciones de salud, como una de las vías para evitar que estos casos lleguen a los jueces".
Otros expertos, que participaron también en este debate, consideran que se requieren nuevas fórmulas de financiamiento más allá del pago de cuotas obreras, patronales y estatales, que actualmente financian un 75% de los ingresos de la CCSS.
Durante el foro, se recomendó la búsqueda de estrategias mixtas de financiamiento, en virtud de los cambios que experimenta el mercado de trabajo.
Las tres metas planteadas por la institución tienen que ver con dar más salud a la población, con mejores servicios y con los menores costos.
"Esta no es una discusión solo de carácter financiero", advirtió Gustavo Picado. "Tampoco es un reto solo de la Caja. Es del país. La CCSS no puede tratar de hacer todo lo que se ocupa en este país en materia de salud", dijo el gerente.
Entre las medidas que se sugirieron durante la actividad para tomar en cuenta como parte de las estrategias para garantizar la sostenibilidad de este seguro, están las siguientes:
- Eliminar los aseguramientos "oportunistas" de personas que solo se registran y cotizan mientras necesitan un tratamiento. Luego, desaparecen.
- Impulsar modelos de aseguramiento por jornadas parciales y multipatronos, similar al aprobado por la Caja con las trabajadoras domésticas.
- Crear estímulos para proteger a más mujeres y a jóvenes entre los 17 años y los 24 años.
La institución, por ahora, no elevará el 15% de aporte salarial para mantener con vida el seguro de salud, que aportan, de manera tripartita, el patrono (9,25%), el trabajador (5,5%) y el Estado (0,25%).
Tampoco creará un paquete de servicios o establecerá sistemas de copago como respuestas para dar sostenibilidad financiera a un seguro.
Según adelantó Picado en febrero, las nuevas formas de financiamiento podrían incluir impuestos a productos como el tabaco (que ya se hace), licor, comidas rápidas, bebidas de alto contenido calórico y los llamados ’impuestos al pecado (casinos, moteles y licores). También, se contemplaría la participación de los gobiernos locales.