La forma en que aparentemente el Hospital La Anexión de Nicoya, en Guanacaste, atendió el parto prematuro de Angie Herrera Guzmán, este lunes 8 de enero, podría ser un síntoma de un problema mayor que obliga a investigar la capacidad de atención de los hospitales en la especialidad de Ginecoobstetricia y la comisión de otros posibles casos de violencia obstétrica.
Esta es una de las primeras conclusiones a las que llega la Defensoría de los Habitantes después de conocer la denuncia pública de Herrera Guzmán, realizada por redes sociales este martes 9 de enero, contra el hospital de Nicoya.
A la Defensoría le preocupa las limitaciones para recibir atención de calidad de las mujeres embarazadas, en especial en los hospitales periféricos como el de Nicoya, cuando se enfrentan situaciones de alto riesgo como el parto prematuro que vivió Angie Herrera.
Representantes de la entidad conversaron la mañana de este miércoles con la joven madre, a partir de lo cual seguirá tres líneas de investigación, según informó en un comunicado de prensa.
La primera línea buscará determinar si se está ante una situación de violencia ginecoobstétrica. La segunda incluye el seguimiento a la evolución de la salud de la madre y de la bebé, mientras que la tercera procurará investigar las carencias del sistema de salud que propician dificultades para la atención en salud fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)
Autoridades del hospital de Nicoya informaron de que encontraron la red de servicios saturada cuando intentaron buscar atención para Herrera antes de que se produjera el parto.
Para la Defensoría, lo anterior revela posibles barreras de acceso al enfrentar condiciones de exclusión y desigualdades violatorias de los derechos humanos entre las mujeres gestantes de la GAM y de las zonas rurales del país.
Por eso, esta institución reclama la necesidad de diagnosticar las condiciones de prestación de los servicios, los recursos disponibles y la articulación que existe en las redes para atender a esta población.
Desde el 2014 a la fecha, la Defensoría ha atendido un total de 300 quejas relacionadas con violencia obstétrica. Son casos de falta de atención médica, maltratos verbales, falta de información, de acompañamiento, violaciones al derecho a la intimidad, trato humillante y degradante y utilización de técnicas obsoletas.
Entre las quejas atendidas hay por falta de equipo médico y falta de atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, entre otras que se caracterizan por un trato deshumanizado y discriminatorio que, para la Defensoría, constituye una violación grave a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres y sus bebés.
La investigación de esas quejas ha tenido como resultado varios informes con recomendaciones a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las direcciones hospitalarias.
Humillaciones y maltratos
Los casos de violencia obstétrica comprobados por la Defensoría describen situaciones de humillación, maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento, culpabilización, violación al derecho al acompañamiento, incumplimiento del consentimiento informado y la negativa a administrar analgésicos durante procedimientos dolorosos.
También, afirma la institución, violencias estructurales visibles en el rechazo en la admisión en centros de salud aun en casos de emergencia, incumplimiento de los protocolos de atención durante el parto y en la prestación de servicios adecuados para las mujeres y sus bebés.
La Defensoría reconoce algunos avances para tratar este tema. Entre ellos, la aprobación de la Ley N° 9824 que reforma la Ley General de Salud para proteger a las mujeres embarazadas antes, durante y después del parto.
Esta norma, explica la Defensoría, reconoce que todas las mujeres deben recibir una atención médica integral, oportuna y respetuosa de su condición, en forma equitativa, periódica y con enfoque de riesgo, sin someterlas a ninguna forma de violencia ginecoobstétrica.
Esa ley reconoce el derecho de las mujeres a recibir información clara sobre su condición y la de su bebé, además de mantener el apego posparto, que es el derecho del niño o niña a un desarrollo integral desde la primera infancia. En el año 2023 se revisó y actualizó la normativa, con el fin de generar un modelo de atención calificada en el embarazo, parto y posparto.
“Como todos los niños y las niñas, la bebé del caso del Hospital de la Anexión, tuvo y tiene el derecho a la atención médica del más alto nivel y a recibir el auxilio requerido según su condición de salud y desde la óptica de la vulnerabilidad y el riesgo para su vida.
“Es inaceptable que la atención médica de urgencia en Costa Rica para cualquier ser humano y, particularmente para las y los neonatos, se vea condicionada por el lugar del nacimiento, y que sus oportunidades de sobrevivencia dependan de esta circunstancia”, manifestó la Defensoría.