Para muchos, la crisis de la CCSS tiene sus raíces en leyes y reglamentos promulgados entre los años 70 y finales de los 90, pero hay dos hechos en la historia reciente que hicieron estallar la bomba.
Todo comenzó en febrero del 2007, cuando la Dirección General del Servicio Civil publicó un estudio que concluyó que los salarios de 5.245 profesionales del Gobierno Central estaban por debajo de los de otros profesionales que tenían puestos similares en diez instituciones públicas.
Según ese análisis, las remuneraciones de los profesionales del Gobierno estaban en el percentil 30; es decir, que el 70% de los otros empleados ganaba más.
Para equiparar el salario de aquellos 5.245 trabajadores, el Servicio Civil propuso llevarlos al percentil 35 en julio del 2008; al 40 en el 2009; al 45 en julio del 2009; y, finalmente, ubicarlos en el percentil 50 en enero del 2010.
En aquel año, el país gozaba de superávit fiscal y se acogió la propuesta para los casi 6.000 trabajadores que pertenecían al “Título I” del Estatuto del Servicio Civil.
Efecto dominó. Sin esperarlo, en el segundo semestre del 2007 los educadores se escudaron en el artículo 1.° de un decreto del 23 de mayo de 1990 que establecía que ese gremio gozaría de los mismos beneficios salariales de los trabajadores del “Título I”. Los beneficiados pasaron de 6.000 a 48.000 trabajadores.
Es a partir de este punto donde entra la historia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que estuvo ajena a las alzas.
Luego de los educadores, las enfermeras invocaron el artículo 22.° del Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, el cual establece lo siguiente:
“Todo reajuste, aumento por costos de vida, ajuste técnico, revaloración o equiparación salarial que afecte la base de los licenciados en Régimen de Servicio Civil, beneficiará, en igual medida, a los licenciados en enfermería”.
Las enfermeras –3.000 que laboraban en la Caja– lograron el alza y los beneficiados pasaron a 51.000.
Tal incremento redujo el margen salarial que había entre enfermeras y los médicos. Debido a ello, el 23 de marzo del 2010 se dio un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, las organizaciones médicas y la Caja para “restablecer el equilibrio de los profesionales en ciencias médicas con otros grupos ocupacionales”.
Los aumentos terminaron por cobijar a todos los empleados de la Caja. Ese fue el primer detonante de la crisis financiera de la entidad, junto a otro no menos importante: la creación de casi 11.000 plazas en ese mismo periodo de fuertes alzas salariales. Colaboró Patricia Leitón