La Contraloría General de la República (CGR) ordenó, el pasado lunes 7 de agosto, a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), “eliminar la práctica institucional” de comprar desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios para las sesiones de Junta Directiva.
La petición de la Contraloría llegó 68 días después de que La Nación publicara un reportaje sobre el uso de fondos públicos para alimentar a los directivos de la entidad, una práctica prohibida por la legislación y normativa vigente.
Además de servir comida para las nueve personas que integran la Directiva de la Caja, también se ofrecían platillos para otros funcionarios que participaban en los encuentros, como el auditor interno, el director jurídico, los gerentes y el secretario de actas.
Según datos oficiales, solo entre 2017 y 2020, la institución gastó ¢50,7 millones en alimentos para las sesiones del órgano directivo. En ese mismo periodo, los directores recibieron ¢92,6 millones por concepto de dietas.
También, entre 2021 y abril de 2023, la institución gastó ¢11,7 millones en la alimentación de directivos y otros funcionarios convocados a las sesiones. Para financiar las compras en ese periodo, la institución utilizó la partida presupuestaria 2.199 (otros servicios no personales), destinada a servicios de fumigación, lavado de cortinas, limpieza de gabachas, desecho de materiales peligrosos y otros.
Según información suministrada por la Caja, entre 2021 y abril de 2023 registran 68 facturas que oscilan entre ¢7.500 y ¢646.000 en hoteles, restaurantes, pastelerías, supermercados y proveedores de alimentos para suplir las reuniones de la Junta.
Otra orden emitida por la Contraloría señala que la CCSS debe modificar el Reglamento Interno de Gastos de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas para que se “garantice” que la adquisición de comidas, para las sesiones de Junta Directiva, sean de forma excepcional y no una erogación habitual, como lo han hecho en los últimos años.
Añadió que las autoridades de la Caja deben establecer “de forma expresa y detallada los requisitos, justificaciones y controles bajo los cuales se tendrá motivado cada evento excepcional”.
Por último, el órgano contralor urgió que la entidad pública habilite espacios durante las sesiones de Junta Directiva, para que sus miembros puedan “tomar sus alimentos, sufragados con su propio peculio”.
Este diario intentó conocer una posición de Esquivel, pero al cierre de esta información no había contestado las llamadas y mensajes enviados a su teléfono celular.
Mantiene investigación
Además de los requerimientos mencionados, la CGR mantiene una investigación relacionada con la compra de alimentos para miembros de Junta Directiva y otros funcionarios.
La pesquisa, abierta desde el pasado 2 de junio, incluye la aprobación de un reglamento para la adquisición de servicios de alimentación para las citas del seno directivo que superen las cuatro horas.
Esa norma, avalada el 19 de mayo anterior, contradice pronunciamientos de la CGR que desde 2013 ha reiterado que los gastos de ese tipo para sesiones de Junta Directiva u otras actividades administrativas deben ser algo “excepcional y esporádico”.
En 2017, la Contraloría enfatizó, en un pronunciamiento escrito, que no existe una norma que habilite el pago de refrigerios o servicio de comida para funcionarios públicos durante actividades administrativas. Además, reiteró que servir comida en sesiones de juntas directivas y otros debe ser algo “excepcional”.
Además, el 26 de mayo anterior, este medio de comunicación publicó que una cadena de correos electrónicos entre funcionarios de la CCSS sugieren el uso de un contrato de alimentos para pacientes del Hospital México para dar de comer a directivos durante sesiones.
En declaraciones dadas días atrás, Esquivel reconoció que consumió, en varias oportunidades, los alimentos servidos durante los encuentros de la Directiva.
Tras las publicaciones de este diario, la Auditoría Interna de la CCSS también anunció una investigación sobre este tema. No obstante, Ólger Sánchez, auditor interno de la entidad, admitió que él también consumió los alimentos pagados con fondos públicos.
Por cada sesión, los nueve integrantes de la Junta Directiva reciben una dieta de ¢58.000, aproximadamente. En el último año, la Presidencia Ejecutiva de la Caja ha intentado un aumento en las dietas que perciben los miembros, empero, la iniciativa fue rechazada por la Dirección de Presupuesto.